
El inmueble es propiedad de una sociedad con sede en la capital vizcaína que se dedica a la adquisición de fincas. La empresa tiene previsto derribar el edificio para construir un bloque de catorce viviendas, trasteros y un local comercial, según se desprende del expediente de solicitud de licencias del Ayuntamiento. No obstante, todavía carece de los permisos pertinentes. «Ha solicitado la licencia de derribo, pero falta por presentar parte de la documentación», revelaron fuentes municipales. Como, por ejemplo, cuándo y de qué manera se llevará a cabo la demolición.
La espera se ha convertido en un calvario para los que residen en la zona, que se muestran «impotentes» mientras ven cómo la situación empeora. «Este ha sido siempre un barrio tranquilo, pero se ha llegado a un punto que da hasta miedo pasar por ahí, sobre todo de noche», aseguran. Cerca de la casa hay una plaza con juegos infantiles, pero su aspecto no es el mismo desde hace unas semanas. Apenas hay niños porque sus padres prefieren no acercarse. «Muchas veces les ves cómo se drogan, esnifan cosas junto a los columpios, incluso se metieron con una señora para robarle el bolso», censuran.
Los vecinos han sido testigos en innumerables ocasiones de la forma en la que estas personas acceden al interior del inmueble. «Hay días que ves a más de diez», describen. Las verjas de metal que protegen la casa están totalmente dobladas y los Bomberos tuvieron que tapiar la parte baja del edificio «por razones de seguridad», porque los okupas habían roto todos los cristales de las ventanas para poder entrar. Esta medida, sin embargo, no les ha frenado.
Manifestación
El Ayuntamiento reconoce que ha recibido varias denuncias de los vecinos de Uribarri en las que se alertaba sobre lo que estaba ocurriendo en Monte Arno. «La Policía Municipal ha intervenido cada vez que se les ha llamado incluso ha detenido a más de uno, pero acaban de nuevo en la calle», expresaron fuentes municipales. Desde el Consistorio quisieron aclarar que los agentes «sólo pueden actuar sobre delitos que ocurran en la vía pública y no sobre la ocupación del inmueble, puesto que es una propiedad privada». Para desalojar la casa, es necesaria la denuncia por parte del dueño del terreno, que hasta ahora «no se ha producido».
Una de las cuestiones más demandadas por los vecinos es precisamente que el propietario «dé la cara de una vez» para poder alcanzar una solución que les permita volver a la normalidad. Mientras tanto, en Uribarri no piensan quedarse quietos y el próximo 14 de enero tienen previsto concentrarse en las escalinatas del Ayuntamiento en señal de repulsa por la «terrible» situación que está atravesando el barrio.









