VIZCAYA
El primer caso en el Supremo
03.01.08 -
El abogado Alfonso Terceño, miembro de la asociación contra el ruido Adecavi -integrada en Ekologistak Martxan- afirma que «ésta es la primera vez en España que llega al Supremo un pleito por la limpieza viaria municipal». Por ello, considera que «es muy importante y fija un precedente».
La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada en 2003, que ahora ha sido confirmada, también tuvo repercusión entre las asociaciones de afectados por el ruido. «Nos llamaron de una plataforma andaluza para pedirnos la sentencia», recuerda. Terceño se apoyó en este fallo en un requerimiento presentado por un vecino de Gernika al que molestaban las máquinas de limpieza. En este caso no se llegó a juicio porque el Ayuntamiento hizo modificaciones en el servicio.
En Portugalete también se tomaron medidas a raíz de las quejas de un particular, respaldadas por un informe del Ararteko. «En los últimos años hay muchas quejas por este tema y la sentencia del Supremo puede suponer un punto de inflexión», asegura el abogado de Adecavi. «El poder judicial lo tiene claro y las administraciones deben reaccionar». En Bilbao, critica que el Ayuntamiento «recurra sistemáticamente con dinero público, cuando jurídicamente el tema estaba muy claro».
La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada en 2003, que ahora ha sido confirmada, también tuvo repercusión entre las asociaciones de afectados por el ruido. «Nos llamaron de una plataforma andaluza para pedirnos la sentencia», recuerda. Terceño se apoyó en este fallo en un requerimiento presentado por un vecino de Gernika al que molestaban las máquinas de limpieza. En este caso no se llegó a juicio porque el Ayuntamiento hizo modificaciones en el servicio.
En Portugalete también se tomaron medidas a raíz de las quejas de un particular, respaldadas por un informe del Ararteko. «En los últimos años hay muchas quejas por este tema y la sentencia del Supremo puede suponer un punto de inflexión», asegura el abogado de Adecavi. «El poder judicial lo tiene claro y las administraciones deben reaccionar». En Bilbao, critica que el Ayuntamiento «recurra sistemáticamente con dinero público, cuando jurídicamente el tema estaba muy claro».
