El Gobierno pone en marcha la maquinaria legal para actuar ya contra ANV y EHAK

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está decidido a evitar que ANV y EHAK concurran a las elecciones generales del próximo 9 de marzo. La Fiscalía prepara una inminente ofensiva judicial, que podría desatarse incluso esta próxima semana, para sacar a los dos partidos de la vida política. Para ello, se basará en investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, que, con la ayuda de Hacienda, creen haber localizado numerosos indicios para demostrar que ambas organizaciones se han puesto al servicio de Batasuna para que pueda burlar su ilegalización.

Durante los dos últimos meses, destacados miembros del Gabinete socialista han insistido en que el Ejecutivo impulsaría la ilegalización de ambas siglas cuando se reuniera una base probatoria suficiente. Los ministros de Interior y Justicia adelantaron también la existencia de progresos en una investigación que no podía demorarse demasiado, dado que la Justicia necesita tiempo para evitar que ANV y EHAK participen en la cita electoral que tendrá lugar dentro de ocho semanas.

En este contexto, el Ministerio Público dispone ya de varios miles de documentos aportados por la Guardia Civil y la Policía como avance del futuro informe final. Ambos cuerpos coinciden en que los dos partidos no sólo han llevado el mensaje de Batasuna a la calle, al Parlamento de Vitoria y a los ayuntamientos vascos y navarros donde han logrado representación, sino que, además, han utilizado sus sueldos, subvenciones y demás recursos económicos para financiar las estructuras clandestinas y la dirección del partido proscrito.

La cúpula de la Fiscalía aún tiene que decidir la estrategia y el orden de los pasos a seguir. Podría instar a la Sala Especial del Tribunal Supremo la ilegalización de ANV y EHAK o bien solicitar que se extienda a ambas formaciones la proscripción acordada contra Batasuna, de la que serían herederas o sucesoras. Al tiempo, se solicitará al juez Baltasar Garzón que suspenda de forma cautelar todas sus actividades dentro de las causas penales abiertas contra dirigentes de ANV y EHAK por posible delito de terrorismo.

Hacienda

La Abogacía del Estado tiene también todo preparado y posiblemente actuará coordinada con la Fiscalía. El proceso del Supremo puede llevar semanas o meses hasta obtener una sentencia, pero el juez Garzón, si hay pruebas sólidas, puede adoptar de inmediato medidas cautelares. Ambas vías se pueden poner en marcha en paralelo o de forma sucesiva y las demandas de ilegalización o peticiones suspensión pueden ser conjuntas o afectar antes a un partido o a otro.

Tanto la Fiscalía del Supremo como el juzgado de Garzón recibieron ayer de la Guardia Civil varias cajas con centenares de listados y documentos en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) analiza todos los datos financieros, de patrimonio y de operaciones económicas de dos centenares de dirigentes de ANV, de Batasuna y de otros grupos de la izquierda aber-tzale en el último año.

El estudio abarca, entre otros parámetros, cuentas, transferencias, bienes, herencias, ventas, compras, todo tipo de datos y declaraciones fiscales. Es un documento sin conclusiones, aunque investigadores que conocen sus detalles indicaron que decenas de movimientos resultan «altamente sospechosos». No obstante, deben cruzarse con otros análisis de la propia AEAT e informes, transmisiones de patrimonio y fondos reiteradas entre líderes y estructuras de ANV y Batasuna.

Algunos movimientos explican cómo se preparó y ejecutó, antes y después de los comicios de mayo pasado, el cambio de rol obligado entre ambas organizaciones por el acceso del primer partido a las instituciones locales.

A los hallazgos de la Guardia Civil y de la AEAT se suma el análisis que realizan el mismo cuerpo y la Policía Nacional sobre los movimientos económicos de los 42 ayuntamientos que gobierna ANV y sobre la financiación directa por parte de EHAK de buena parte de los salarios de los miembros 'liberados' de la mesa nacional de Batasuna, a los que tiene contratados y a sueldo. Es el caso de Marije Fullaondo, según señaló Baltasar Garzón en el auto con el que, el pasado 21 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional la envió a prisión.

'Caja única'

El informe conjunto final también incluirá el trabajo que realiza la Policía Nacional sobre la llamada 'caja única' de ANV-EHAK-Batasuna. Se trataría de una cuenta bancaria en la que de forma regular habrían vertido fondos dirigentes, apoderados o miembros de ANV y EHAK y de la que, en cantidades semejantes, habrían salido, en forma de transferencia o de algún sistema de pago o reembolso, a cuentas vinculadas a Batasuna o a sus dirigentes y responsables.

Policía Nacional y Guardia Civil no se atreven a poner fecha al momento en que tendrán cerrados sus informes finales, dado que sus expertos analizan aún cantidades ingentes de datos. Entre ellos, la documentación requisada en un nave a nombre del líder encarcelado de Batasuna Joseba Permach, que parece estar en el centro de la trama de vínculos económicos.

Para demostrar que EHAK y ANV se han puesto al servicio de la pervivencia de Batasuna, Fiscalía y Abogacía del Estado se apoyarán también en documentos y datos incautados a ETA o a personas de su entorno, en sus reiteradas negativas a condenar la violencia y en otros datos, como que dirigentes de unas y otras formaciones han compartido sedes y han celebrado reuniones conjuntas de alto nivel.