MARGEN IZQUIERDA
El Consistorio acuerda denegar licencias a Petronor para la planta de coque en Muskiz
Deberá cambiar de parecer si el estudio de impacto ambiental que elabora el Gobierno vasco avala el proyecto
20.01.08 -
EN CONTRA. 200 personas manifestaron su oposición a la planta de coque. / JORDI ALEMANY
El Ayuntamiento de Muskiz acordó ayer «no conceder a Petronor ninguna licencia de obra o actividad, que esté directa o indirectamente relacionada» con la planta de coque, y revisar las tres que ya fueron otorgadas a la refinería durante la pasada legislatura. La moción, presentada por la coordinadora anti-coque, salió adelante con el voto de los cuatro concejales de EA, mientras que sus socios de gobierno, los tres ediles del PSE-EE, abandonaron el pleno tras alegar que el segundo punto de la propuesta incurría en «una ilegalidad». En base a ello, los socialistas impugnarán el acuerdo y, si procediera, no dudarían en denunciar al alcalde «por prevaricación».
La expectación era máxima. Hora y media antes del inicio de la sesión, una marcha convocada por la plataforma anti-coque, que aglutina varios colectivos sociales de la zona minera, partió del barrio de San Julián y recorrió las inmediaciones de la petrolera al grito de 'Coke no' y 'Petronor basta ya'. Sobre las once y media, unas 200 personas se concentraron frente al Ayuntamiento, en el que una portavoz leyó la moción que iba a debatirse después en la reunión.
Pero ésta no era la única propuesta que había sobre la mesa. El PNV solicitó la realización de un estudio epidemiológico a la población local para analizar las posibles consecuencias de la nueva fábrica. Asimismo, pidió la contratación de una empresa de ingeniería ambiental que asesore al Ayuntamiento y siga de cerca el proyecto de Petronor. Además, demandó la apertura en Muskiz de una oficina de atención al ciudadano que informe a los habitantes «de forma veraz e imparcial».
Sin embargo, el PSE y EA rechazaron la moción jeltzale por «oportunista e interesada», aunque sí acordaron empezar a preparar mañana la celebración de una «gran asamblea» que reúna a los responsables de Petronor y a todos los colectivos sociales y partidos políticos del municipio.
«Garantías legales»
La tensión se apoderó del salón de plenos, atestado de vecinos y miembros de la coordinadora, cuando los tres ediles del PSE abandonaron la sesión al considerar que la segunda propuesta incurría en una «ilegalidad», tal y como corroboraba el informe de la secretaria municipal. Poco después, se introdujo un cambio en la redacción del texto que restituyó su valía. Se trataba de incluir la coletilla «siempre que se cumplan las garantías legales» en relación a la denegación de las licencias a Petronor. Esto es porque los permisos son «actos reglados» en los que, de respetarse la normativa, «el margen de apreciación de la Administración es nulo». Es decir, si el estudio de impacto ambiental del Gobierno vasco resulta positivo, al Consistorio tendrá que otorgar los permisos a la fábrica.
Con esa corrección, EA aceptó la moción, que rechazaba la construcción de la planta «por su perjuicio a la salud» y porque «choca con las estrategias energéticas del Gobierno vasco». El PNV, por su parte, se abstuvo, ya que la postura de EA le pareció «electoralista».
«Han sido poco leales con nosotros, y tendrá repercusiones en el futuro municipal. Revisaremos el escrito modificado y, si sigue siendo ilegal, impugnaremos el acuerdo», avanzó el líder del PSE, Fernando Martín, quien aseguró que «denunciarán por prevaricación» al alcalde del municipio, Gonzalo Riancho, en caso de que aplique una resolución «ilegal».
La expectación era máxima. Hora y media antes del inicio de la sesión, una marcha convocada por la plataforma anti-coque, que aglutina varios colectivos sociales de la zona minera, partió del barrio de San Julián y recorrió las inmediaciones de la petrolera al grito de 'Coke no' y 'Petronor basta ya'. Sobre las once y media, unas 200 personas se concentraron frente al Ayuntamiento, en el que una portavoz leyó la moción que iba a debatirse después en la reunión.
Pero ésta no era la única propuesta que había sobre la mesa. El PNV solicitó la realización de un estudio epidemiológico a la población local para analizar las posibles consecuencias de la nueva fábrica. Asimismo, pidió la contratación de una empresa de ingeniería ambiental que asesore al Ayuntamiento y siga de cerca el proyecto de Petronor. Además, demandó la apertura en Muskiz de una oficina de atención al ciudadano que informe a los habitantes «de forma veraz e imparcial».
Sin embargo, el PSE y EA rechazaron la moción jeltzale por «oportunista e interesada», aunque sí acordaron empezar a preparar mañana la celebración de una «gran asamblea» que reúna a los responsables de Petronor y a todos los colectivos sociales y partidos políticos del municipio.
«Garantías legales»
La tensión se apoderó del salón de plenos, atestado de vecinos y miembros de la coordinadora, cuando los tres ediles del PSE abandonaron la sesión al considerar que la segunda propuesta incurría en una «ilegalidad», tal y como corroboraba el informe de la secretaria municipal. Poco después, se introdujo un cambio en la redacción del texto que restituyó su valía. Se trataba de incluir la coletilla «siempre que se cumplan las garantías legales» en relación a la denegación de las licencias a Petronor. Esto es porque los permisos son «actos reglados» en los que, de respetarse la normativa, «el margen de apreciación de la Administración es nulo». Es decir, si el estudio de impacto ambiental del Gobierno vasco resulta positivo, al Consistorio tendrá que otorgar los permisos a la fábrica.
Con esa corrección, EA aceptó la moción, que rechazaba la construcción de la planta «por su perjuicio a la salud» y porque «choca con las estrategias energéticas del Gobierno vasco». El PNV, por su parte, se abstuvo, ya que la postura de EA le pareció «electoralista».
«Han sido poco leales con nosotros, y tendrá repercusiones en el futuro municipal. Revisaremos el escrito modificado y, si sigue siendo ilegal, impugnaremos el acuerdo», avanzó el líder del PSE, Fernando Martín, quien aseguró que «denunciarán por prevaricación» al alcalde del municipio, Gonzalo Riancho, en caso de que aplique una resolución «ilegal».
