ÁLAVA
El asesor de la constructora dice que en la parcela de Ali se podían hacer siete chalés
Los letrados de la acusación popular recalcan que el testigo obvia «que el solar se redujo y no alcanza el tamaño exigido»
24.01.08 -
ALI. Los chalés están en la calle Asestadero. / J. ANDRADE
El asesor urbanístico de la empresa Salgado Iglesias, Ramón Aldea, defendió ayer que la constructora levantara un séptimo chalé en una parcela de Ali cuyo tamaño sólo permitía hacer seis, según técnicos municipales y la mayoría de los partidos del Ayuntamiento de Vitoria.
El técnico, que participó en la redacción del proyecto de los adosados, testificó ante la titular del juzgado de Instrucción Número 2, que investiga la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra el ex concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, por un presunto delito de prevaricación. Según el Ministerio Público, esa parcela sólo podía acoger seis casas porque medía «menos de 2.000 metros cuadrados».
Por contra, el asesor de la constructora aseguró ayer ante la juez que el terreno sí superaba esa superficie, así que en él «cabían los siete chalés». Aldea sustentó su afirmación en un artículo del Plan General -el documento urbanístico local de mayor rango- que dice que la medida de la parcela era la que estuviera registrada «en el momento de la aprobación de esa normativa». Eso fue en 2000, recalcó el testigo, y por entonces el catastro foral decía que el solar tenía «2.163 metros».
Esta controversia en las cifras provocó a finales de 2007 que el fiscal jefe, Josu Izaguirre, reclamara una medición pericial del polémico terreno que, a día de hoy, sigue pendiente.
Como es conocido, en 2003 la empresa Salgado Iglesias pidió licencia para levantar siete casas en la calle Asestadero, en Ali. Jorge Ibarrondo, entonces concejal de Urbanismo, denegó el permiso en junio de 2003 y en diciembre de 2004. Lo hizo porque los técnicos municipales aseguraron que no se podían hacer siete casas en el solar elegido al no superar los 2.000 metros cuadrados.
La constructora, lejos de arrojar la toalla, volvió a la carga en febrero de 2005. Se reunió con Ibarrondo -Aldea negó ayer que acudiera a ese encuentro- y le explicó que sí podía hacer siete viviendas. Cuatro meses después, el edil del PP concedía la licencia sin que los técnicos de Edificaciones supieran qué informes motivaban ese cambio de opinión.
EA destapó el caso a finales de 2006 y la oposición lanzó una ofensiva contra el PP que derivó en una comisión de investigación. Tras ella, PNV, PSE, EB y EA concluyeron que la séptima vivienda era «ilegal». Entregaron toda la documentación al fiscal jefe, Josu Izaguirre, que unos meses después denunció a Ibarrondo.
«Así será»
El asesor de Salgado Iglesias pasó de puntillas por los recortes que sufrió la parcela a partir de 2000, restándoles importancia. Esto dejó «impactados» a los letrados de los tres partidos (PNV, EB y EA) que se han personado en el caso como acusación popular, y que apreciaron «contradicciones» en el testigo.
José Ángel Esnaola, abogado de Ezker Batua, le recordó que, según el registro foral, en 2003 la parcela se redujo «hasta los 1.974,85 metros» tras varias cesiones de suelo realizadas por la empresa al Ayuntamiento. «Me ha respondido que si lo dice el catastro, que así será», aseguró.
i.cueto@diario-elcorreo.com
El técnico, que participó en la redacción del proyecto de los adosados, testificó ante la titular del juzgado de Instrucción Número 2, que investiga la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra el ex concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, por un presunto delito de prevaricación. Según el Ministerio Público, esa parcela sólo podía acoger seis casas porque medía «menos de 2.000 metros cuadrados».
Por contra, el asesor de la constructora aseguró ayer ante la juez que el terreno sí superaba esa superficie, así que en él «cabían los siete chalés». Aldea sustentó su afirmación en un artículo del Plan General -el documento urbanístico local de mayor rango- que dice que la medida de la parcela era la que estuviera registrada «en el momento de la aprobación de esa normativa». Eso fue en 2000, recalcó el testigo, y por entonces el catastro foral decía que el solar tenía «2.163 metros».
Esta controversia en las cifras provocó a finales de 2007 que el fiscal jefe, Josu Izaguirre, reclamara una medición pericial del polémico terreno que, a día de hoy, sigue pendiente.
Como es conocido, en 2003 la empresa Salgado Iglesias pidió licencia para levantar siete casas en la calle Asestadero, en Ali. Jorge Ibarrondo, entonces concejal de Urbanismo, denegó el permiso en junio de 2003 y en diciembre de 2004. Lo hizo porque los técnicos municipales aseguraron que no se podían hacer siete casas en el solar elegido al no superar los 2.000 metros cuadrados.
La constructora, lejos de arrojar la toalla, volvió a la carga en febrero de 2005. Se reunió con Ibarrondo -Aldea negó ayer que acudiera a ese encuentro- y le explicó que sí podía hacer siete viviendas. Cuatro meses después, el edil del PP concedía la licencia sin que los técnicos de Edificaciones supieran qué informes motivaban ese cambio de opinión.
EA destapó el caso a finales de 2006 y la oposición lanzó una ofensiva contra el PP que derivó en una comisión de investigación. Tras ella, PNV, PSE, EB y EA concluyeron que la séptima vivienda era «ilegal». Entregaron toda la documentación al fiscal jefe, Josu Izaguirre, que unos meses después denunció a Ibarrondo.
«Así será»
El asesor de Salgado Iglesias pasó de puntillas por los recortes que sufrió la parcela a partir de 2000, restándoles importancia. Esto dejó «impactados» a los letrados de los tres partidos (PNV, EB y EA) que se han personado en el caso como acusación popular, y que apreciaron «contradicciones» en el testigo.
José Ángel Esnaola, abogado de Ezker Batua, le recordó que, según el registro foral, en 2003 la parcela se redujo «hasta los 1.974,85 metros» tras varias cesiones de suelo realizadas por la empresa al Ayuntamiento. «Me ha respondido que si lo dice el catastro, que así será», aseguró.
i.cueto@diario-elcorreo.com
