El Correo Digital

Los partidos que sustentan el Gobierno de Ibarretxe echaron mano ayer de su discurso más duro hasta la fecha como respuesta a «una de las decisiones más graves» que se han adoptado desde la Transición «contra la voluntad democrática de la sociedad vasca»: la sentencia condenatoria contra Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por su negativa a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak. Desde que el lunes el Tribunal Supremo hiciera público el fallo, PNV, EA y EB han protagonizado una escalada de críticas a una Justicia, la española, que creen embarcada en una estrategia «constante y pertinaz» para «deslegitimar» las instituciones vascas y «desnaturalizar» el autogobierno, según denuncian sus tres líderes en un artículo que hoy se publica en estas páginas.

El texto firmado por Iñigo Urkullu, Unai Ziarreta y Javier Madrazo confirma el 'in crescendo' en el tono de las críticas vertidas por las formaciones del tripartito contra la resolución judicial. Una estrategia eminentemente movilizadora de sus bases -máxime, a poco más de un mes de las elecciones generales- y que precisamente culminará mañana en las calles de Bilbao con una manifestación «pacífica» que pretende convertirse, según sus convocantes, en la «respuesta cívica de un pueblo que exige respeto a su voluntad democráticamente expresada». Entretanto, los líderes de los tres partidos afectados por la sentencia, convencidos del «riesgo de involución política» que entrañan los últimos acontecimientos, no dejarán pasar hoy la oportunidad de multiplicar el alcance de su mensaje y ofrecerán una nueva comparecencia en bloque para insistir en el llamamiento a la movilización.

Paralelamente, el artículo publicado hoy radicaliza considerablemente el mensaje transmitido hasta ahora por el Gobierno vasco y las fuerzas políticas que lo integran, tanto en las formas como en el fondo, se aleja del tono del nacionalismo en la etapa de Josu Jon Imaz y prepara el terreno a futuras reivindicaciones soberanistas en un año en el que los vascos «decidirán su futuro» en una consulta popular, según ha anunciado Ibarretxe.

De hecho, los firmantes llegan a advertir del «derrumbe de la democracia» -un diagnóstico cercano al de la izquierda abertzale, que muy posiblemente no podrá concurrir a los comicios de marzo, y fácilmente identificable para su masa social- y van más lejos que nunca al dar por hechas nuevas resoluciones «arbitrarias y revestidas de un soporte jurídico indefendible» en relación al lehendakari. «Mucho nos tememos», subrayan, que el fallo del 'caso Atutxa' sea «la antesala» de la próxima condena e inhabilitación de Ibarretxe, que será juzgado en breve en el Tribunal Superior vasco por un presunto delito de desobediencia.

Intromisión y desafuero

Los peneuvistas y sus socios presentan el desenlace del 'caso Atutxa' como el último eslabón -por el momento- de una cadena de ataques contra el autogobierno y la independencia de las instituciones vascas, víctimas, a su juicio, de una estrategia de «intromisión, desafuero y deslegitimación» promovida desde instancias políticas -en referencia al PP- y canalizada a través de un Poder Judicial «que mayoritariamente pasó de la dictadura a la democracia sin transición alguna y sin reciclaje democrático».

En esa estrategia engloban los jeltzales y sus socios el «intento de anulación» práctica del Concierto, la Ley de Partidos y el procesamiento de Ibarretxe.