ÁLAVA
Víctimas del 3 de marzo piden al Gobierno vasco el mismo trato que a las del terrorismo
La asociación exige responsabilidades penales y políticas Los historiadores del Instituto Valentín de Foronda comparecen hoy en el Parlamento
31.01.08 -
Miembros de la asociación de víctimas y familiares comparecieron ayer en el Parlamento. / I. ONANDIA
LAS CLAVES
Los afectados por los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria reclaman el mismo tratamiento que las víctimas del terrorismo. Y creen que, al no haberlo recogido así la Ley de Memoria Histórica, deberá garantizarlo el Gobierno vasco. La petición fue trasladada ayer por la asociación de víctimas y familiares al Parlamento autonómico.
Esclarecer los hechos, clarificar la verdad y tratar de delimitar responsabilidades. Con esos objetivos trabaja en la Cámara vasca una comisión especial sobre los sucesos ocurridos en Vitoria hace ya casi 32 años. Cinco personas murieron entonces abatidas por disparos de la Policía Nacional tras una intervención que ponía fin a una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga.
La creación de un foro especial fue decidida por el Parlamento hace casi un año, gracias a la suma de los votos del tripartito -PNV, EA y EB- con los de EHAK y Aralar. La presidenta de la comisión, la jeltzale Marixabel Azpillaga, explicó ayer a EL CORREO que el objetivo es ultimar sus conclusiones para finales del mes de mayo, de forma que el pleno de la cámara pueda votarlas en junio, antes de una previsible disolución.
La comisión contará hoy con la comparecencia de historiadores de la UPV pertenecientes al Instituto Valentín de Foronda, a quienes se les encargó la elaboración de un informe sobre los trágicos sucesos, ocurridos al inicio de la Transición.
Vías agotadas
Ayer correspondió el turno a los portavoces de la asociación de víctimas y familiares, que reiteraron su mensaje ya tradicional. «Transcurridos 32 años, todavía seguimos esperando la investigación y la depuración de responsabilidades», insistieron en la comparecencia Andoni Txasko y sus compañeros. «Hemos hecho numerosos intentos ante la Justicia para que aclarara los hechos, pero ninguno ha fructificado», reconocieron los portavoces de la asociación, que dan por «agotadas las vías judiciales».
En el escrito presentado ante la comisión, el colectivo que agrupa a víctimas y familiares recuerda quiénes eran los responsables políticos en aquella fecha, con un listado que encabeza el Jefe del Estado, Juan Carlos I, y llega hasta el responsable de la Policía Armada en Vitoria en 1976, tras citar a políticos como Arias Navarro, Fraga Iribarne o Martín Villa. La relación incluye al gobernador civil, Rafael Landín, y al presidente de la Diputación en aquel año, José Lejarreta, sin olvidar el papel jugado por empresarios vitorianos y la jerarquía eclesiástica.
Los portavoces de la asociación dieron por válido el dictamen histórico que ha elaborado el Instituto Valentín de Foronda, con una matización «importante». A su juicio, no se subraya de manera suficiente el carácter «premeditado y no espontáneo» de la intervención policial. «No actuaron por verse acorralados sino por directrices políticas, buscando un escarmiento general», insistieron.
El vicepresidente de la comisión, el historiador Antonio Rivera, también parlamentario del PSE, advirtió de la dificultad de plantear y articular ahora responsabilidades penales y políticas, tras la promulgación de la Ley de Amnistía.
Esclarecer los hechos, clarificar la verdad y tratar de delimitar responsabilidades. Con esos objetivos trabaja en la Cámara vasca una comisión especial sobre los sucesos ocurridos en Vitoria hace ya casi 32 años. Cinco personas murieron entonces abatidas por disparos de la Policía Nacional tras una intervención que ponía fin a una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga.
La creación de un foro especial fue decidida por el Parlamento hace casi un año, gracias a la suma de los votos del tripartito -PNV, EA y EB- con los de EHAK y Aralar. La presidenta de la comisión, la jeltzale Marixabel Azpillaga, explicó ayer a EL CORREO que el objetivo es ultimar sus conclusiones para finales del mes de mayo, de forma que el pleno de la cámara pueda votarlas en junio, antes de una previsible disolución.
La comisión contará hoy con la comparecencia de historiadores de la UPV pertenecientes al Instituto Valentín de Foronda, a quienes se les encargó la elaboración de un informe sobre los trágicos sucesos, ocurridos al inicio de la Transición.
Vías agotadas
Ayer correspondió el turno a los portavoces de la asociación de víctimas y familiares, que reiteraron su mensaje ya tradicional. «Transcurridos 32 años, todavía seguimos esperando la investigación y la depuración de responsabilidades», insistieron en la comparecencia Andoni Txasko y sus compañeros. «Hemos hecho numerosos intentos ante la Justicia para que aclarara los hechos, pero ninguno ha fructificado», reconocieron los portavoces de la asociación, que dan por «agotadas las vías judiciales».
En el escrito presentado ante la comisión, el colectivo que agrupa a víctimas y familiares recuerda quiénes eran los responsables políticos en aquella fecha, con un listado que encabeza el Jefe del Estado, Juan Carlos I, y llega hasta el responsable de la Policía Armada en Vitoria en 1976, tras citar a políticos como Arias Navarro, Fraga Iribarne o Martín Villa. La relación incluye al gobernador civil, Rafael Landín, y al presidente de la Diputación en aquel año, José Lejarreta, sin olvidar el papel jugado por empresarios vitorianos y la jerarquía eclesiástica.
Los portavoces de la asociación dieron por válido el dictamen histórico que ha elaborado el Instituto Valentín de Foronda, con una matización «importante». A su juicio, no se subraya de manera suficiente el carácter «premeditado y no espontáneo» de la intervención policial. «No actuaron por verse acorralados sino por directrices políticas, buscando un escarmiento general», insistieron.
El vicepresidente de la comisión, el historiador Antonio Rivera, también parlamentario del PSE, advirtió de la dificultad de plantear y articular ahora responsabilidades penales y políticas, tras la promulgación de la Ley de Amnistía.
