ÁLAVA
Los alaveses pagan la mitad que el resto de los vascos en los geriátricos públicos
La tarifa máxima en la provincia es de 970 euros al mes, que ya sufraga en su totalidad el 63% de los mayores
ATENCIÓN. 941 alaveses viven en residencias públicas. / E. C.
El 63% de los mayores alaveses que viven en residencias forales paga ya la totalidad del precio fijado por la Diputación. Un porcentaje que ha superado cotas hasta ahora desconocidas ya que hace una década apenas llegaba al 15%. ¿El motivo? El aumento del poder adquisitivo de las familias y la tarifa máxima establecida por la Administración alavesa: 970 euros al mes, la mitad que en Vizcaya y Guipúzcoa. En realidad, el coste de cada cama ronda los 5.000 euros; 2.400 si está concertada en un geriátrico privado.
Cuando un guipuzcoano ingresa en una residencia foral debe pagar hasta 1.875 euros mensuales. En Vizcaya sube hasta los 2.095 euros.
590 mayores alaveses desembolsan ya cada mes el precio fijado por la Diputación. Los 350 restantes están acogidos a la figura del 'reconocimiento de deuda', en vigor desde 1995. Según esta fórmula, también aplicada en Vizcaya desde 2006, el usuario sólo paga una parte del coste de la residencia, en función de sus ingresos y patrimonio. Sin embargo, tras su fallecimiento, debe responder con todos sus bienes a la deuda contraída, incluido el piso.
La cantidad debe ser satisfecha por los herederos, que pueden abonarla directamente en metálico o en el caso de no poder o no querer hacerlo, estarían obligados a vender el inmueble heredado para abonar la deuda con el Instituto Foral de Bienestar Social.
Valor del inmueble
La existencia de esta figura es fundamental para que Álava pueda establecer unas tarifas públicas que no superan los mil euros. De no existir, los precios se duplicarían o crecerían un 150%, advirtió ayer la diputada de Política Social y Servicios Sociales, la peneuvista Covadonga Solaguren. Lo hizo en una comparecencia en las Juntas Generales, en la que avanzó las líneas básicas del anteproyecto de ley de Servicios Sociales acordado entre las tres diputaciones, el Gobierno vasco y Eudel, y que se tramitará en el Parlamento en el primer cuatrimestre de este año.
La principal afección para Álava será el reconocimiento de deuda. Pese a que Solaguren se felicitó de que esta fórmula esté finalmente recogida en el anteproyecto, -el Ejecutivo autónomo era contrario-, se han incluido varias matizaciones. Si ahora la Diputación puede recurrir a la vivienda del usuario, sea cual sea su valor, con la futura ley la institución foral no podrá reclamar los pisos que estén valorados por debajo de la cantidad que se establezca. Podría rondar los 300.000 euros.
Esta cifra podría variar ya que el tripartito vasco necesita el respaldo de los socialistas o de los populares para sacar adelante la ley. No obstante, aún se desconoce cómo afectará a las arcas forales la falta de ingresos que a priori provocará la imposición de esta cláusula, un interrogante que fue trasladado ayer a la diputada desde los escaños del PP.
Cuando un guipuzcoano ingresa en una residencia foral debe pagar hasta 1.875 euros mensuales. En Vizcaya sube hasta los 2.095 euros.
590 mayores alaveses desembolsan ya cada mes el precio fijado por la Diputación. Los 350 restantes están acogidos a la figura del 'reconocimiento de deuda', en vigor desde 1995. Según esta fórmula, también aplicada en Vizcaya desde 2006, el usuario sólo paga una parte del coste de la residencia, en función de sus ingresos y patrimonio. Sin embargo, tras su fallecimiento, debe responder con todos sus bienes a la deuda contraída, incluido el piso.
La cantidad debe ser satisfecha por los herederos, que pueden abonarla directamente en metálico o en el caso de no poder o no querer hacerlo, estarían obligados a vender el inmueble heredado para abonar la deuda con el Instituto Foral de Bienestar Social.
Valor del inmueble
La existencia de esta figura es fundamental para que Álava pueda establecer unas tarifas públicas que no superan los mil euros. De no existir, los precios se duplicarían o crecerían un 150%, advirtió ayer la diputada de Política Social y Servicios Sociales, la peneuvista Covadonga Solaguren. Lo hizo en una comparecencia en las Juntas Generales, en la que avanzó las líneas básicas del anteproyecto de ley de Servicios Sociales acordado entre las tres diputaciones, el Gobierno vasco y Eudel, y que se tramitará en el Parlamento en el primer cuatrimestre de este año.
La principal afección para Álava será el reconocimiento de deuda. Pese a que Solaguren se felicitó de que esta fórmula esté finalmente recogida en el anteproyecto, -el Ejecutivo autónomo era contrario-, se han incluido varias matizaciones. Si ahora la Diputación puede recurrir a la vivienda del usuario, sea cual sea su valor, con la futura ley la institución foral no podrá reclamar los pisos que estén valorados por debajo de la cantidad que se establezca. Podría rondar los 300.000 euros.
Esta cifra podría variar ya que el tripartito vasco necesita el respaldo de los socialistas o de los populares para sacar adelante la ley. No obstante, aún se desconoce cómo afectará a las arcas forales la falta de ingresos que a priori provocará la imposición de esta cláusula, un interrogante que fue trasladado ayer a la diputada desde los escaños del PP.
