ÁLAVA
Treviño entra en campaña
La intención del PNV de pedir a los alcaldes del enclave acciones a favor de la anexión a Álava, a cambio de ayudas, despierta el eterno contencioso
10.02.08 -
LA ANTERIOR Corporación del Condado de Treviño reclamaba la anexión a Álava. / NURIA GONZÁLEZ
Como el Guadiana, el contencioso de Treviño aparece y desaparece del cauce de la actualidad cada cierto tiempo. Después de varios años de letargo, ahora vuelve a asomar. El momento no puede ser más oportuno. Y es que el próximo mes se cumplirán diez años de la consulta popular celebrada en el municipio del Condado de Treviño, en la que el 68% de sus habitantes votó a favor de un referéndum para optar entre Álava y Burgos.
Este aniversario coincide con la renovación de los convenios que la Diputación alavesa tiene firmados desde hace años con los dos municipios del enclave, para prestarles pequeños servicios relacionados, fundamentalmente, con recogida de residuos y actividades culturales. El Ejecutivo foral PNV-EA-Aralar que preside el jeltzale Xabier Agirre no ha pasado por alto estas circunstancia y ha planteado a los dos alcaldes la conveniencia de que los consistorios adopten «acciones favorables a su integración» en Álava, a cambio de las subvenciones.
En plena precampaña para las elecciones generales, esta petición -plasmada en el borrador del convenio remitido por el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, a los dos alcaldes- ha despertado el eterno contencioso y, al mismo tiempo, enervado los ánimos en el PP castellano. La alcaldesa del Condado de Treviño, la popular Inmaculada Ranedo califica de «puro chantaje» los términos del texto, mientras el presidente de la Diputación burgalesa, Vicente Orden y el de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguran que ambas instituciones prestarán los servicios si Álava no lo hace más.
La polémica desagrada y mucho al alcalde de La Puebla de Arganzón, Roberto Ortiz, un alavesista pragmático. «Yo lo único que quiero es lo mejor para mi pueblo», afirma. «Claro que convendría integrarse en Álava, pero legalmente estamos en Burgos y ni yo ni el Ayuntamiento puede solucionarlo», recalca.
Advertencia socialista
Ortiz reclama su derecho a «no entrar en una polémica que en nada beneficia a los vecinos». En su opinión, corresponde a otras instancias resolver el enquistado conflicto. Se refiere, sin decirlo expresamente, a los dos grandes partidos de ámbito estatal. Y es que la incoherencia interna del PSOE y del PP les impide encontrar una solución porque el sentimiento de los socialistas y los populares vascos respecto a Treviño choca con el de sus correligionarios de Castilla y León.
Por ello, el PP alavés ha optado por el silencio. En cambio, el PSE de Álava sí ha hablado. Su secretario general, Txarli Prieto, ha asegurado que los convenios con los treviñeses «se van a mantener sin ninguna contrapartida». El dirigente socialista recuerda que su partido los introdujo en los presupuestos que pactó con el Ejecutivo foral del PP en la anterior legislatura y que los ha incorporado a los que ha acordado ahora con el PNV. «Los treviñeses no tendrán que pagar peaje político al nacionalismo», advierte Prieto al Gabinete Agirre, que está en minoría en las Juntas Generales.
Este aniversario coincide con la renovación de los convenios que la Diputación alavesa tiene firmados desde hace años con los dos municipios del enclave, para prestarles pequeños servicios relacionados, fundamentalmente, con recogida de residuos y actividades culturales. El Ejecutivo foral PNV-EA-Aralar que preside el jeltzale Xabier Agirre no ha pasado por alto estas circunstancia y ha planteado a los dos alcaldes la conveniencia de que los consistorios adopten «acciones favorables a su integración» en Álava, a cambio de las subvenciones.
En plena precampaña para las elecciones generales, esta petición -plasmada en el borrador del convenio remitido por el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, a los dos alcaldes- ha despertado el eterno contencioso y, al mismo tiempo, enervado los ánimos en el PP castellano. La alcaldesa del Condado de Treviño, la popular Inmaculada Ranedo califica de «puro chantaje» los términos del texto, mientras el presidente de la Diputación burgalesa, Vicente Orden y el de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguran que ambas instituciones prestarán los servicios si Álava no lo hace más.
La polémica desagrada y mucho al alcalde de La Puebla de Arganzón, Roberto Ortiz, un alavesista pragmático. «Yo lo único que quiero es lo mejor para mi pueblo», afirma. «Claro que convendría integrarse en Álava, pero legalmente estamos en Burgos y ni yo ni el Ayuntamiento puede solucionarlo», recalca.
Advertencia socialista
Ortiz reclama su derecho a «no entrar en una polémica que en nada beneficia a los vecinos». En su opinión, corresponde a otras instancias resolver el enquistado conflicto. Se refiere, sin decirlo expresamente, a los dos grandes partidos de ámbito estatal. Y es que la incoherencia interna del PSOE y del PP les impide encontrar una solución porque el sentimiento de los socialistas y los populares vascos respecto a Treviño choca con el de sus correligionarios de Castilla y León.
Por ello, el PP alavés ha optado por el silencio. En cambio, el PSE de Álava sí ha hablado. Su secretario general, Txarli Prieto, ha asegurado que los convenios con los treviñeses «se van a mantener sin ninguna contrapartida». El dirigente socialista recuerda que su partido los introdujo en los presupuestos que pactó con el Ejecutivo foral del PP en la anterior legislatura y que los ha incorporado a los que ha acordado ahora con el PNV. «Los treviñeses no tendrán que pagar peaje político al nacionalismo», advierte Prieto al Gabinete Agirre, que está en minoría en las Juntas Generales.
