LA IZQUIERDA ABERTZALE, ANTE LA JUSTICIA
Presa de sus propios actos (Xabier Gurrutxaga)
10.02.08 -
OTROS TIEMPOS. Otegi, Permach y Barrena, ahora en la cárcel, en una foto de archivo. / TELEPRESS
La llamada izquierda aber-tzale, integrada por lo que representa a todos los niveles el binomio ETA-Batasuna, está viviendo la mayor crisis de los últimos treinta años. No es exactamente una crisis por desafección o por debilitamiento de sus apoyos y soportes sociales, políticos, culturales, etc. El espacio sociológico de lo que conocemos como izquierda abertzale oficial sigue existiendo, a pesar de la delicada situación. Más aún, creo que toda la ofensiva política y judicial que se está llevando a cabo tras la ruptura de la tregua contra este sector tiene un efecto de reagrupamiento solidario ante lo que consideran una agresión en toda regla, dirigida a la desarticulación y descabezamiento de dicho movimiento político, minimizando así las verdaderas razones de la crisis.
Probablemente, esa respuesta solidaria se expresará de manera clara, y más firme que en otras ocasiones, en las elecciones generales, una vez conocida la suspensión de actividades de ANV y EHAK decretada por el juez Garzón. Seguramente, sucederá todo lo contrario de lo que ocurrió en los comicios autonómicos de mayo de 2001, cuando la representación parlamentaria de Batasuna quedó reducida a su mitad como castigo de sus electores a la decisión de ETA de volver a la violencia, y por la subordinación y el servilismo de la dirección política ante la terrible opción adoptada.
Aquello sí que resultó ser la expresión directa de la verdadera crisis de fondo que padece todo este espectro político. Es una crisis grave, que afecta de lleno al núcleo esencial de su modelo de actuación, basado en la complementariedad de lo militar y lo político, con desdoblamiento organizativo, de naturaleza netamente vanguardista y con clara supremacía de la dirección y de la estrategia de la organización armada sobre todo lo demás.
Un modelo que pretendía representar y vertebrar un poder alternativo al poder instituido, y organizarse en el seno de la sociedad como una comunidad cerrada de convencidos que se consideran como los auténticos libertadores de la patria, siendo de entre éstos los aspirantes a mayor gloria quienes decidan integrarse en ETA. Hace tiempo que la llamada 'lucha armada', como instrumento de lucha política, entró en crisis y con ello extendió los efectos de la misma, como un autentico cáncer, al conjunto de la izquierda aber-tzale, condenándola a un futuro ciertamente negro.
La persistencia de ETA no ha tenido en la supuesta dirección política de la izquierda abertzale la respuesta necesaria y apropiada en defensa de su proyecto y de su autonomía como formación política. Al contrario, la resistencia a marcar la debida distancia respecto de la organización armada les ha llevado a hipotecar su futuro, al vincular su suerte a la suerte de aquélla. Su incapacidad para romper el cordón umbilical, su falta de determinación para construir un discurso propio al margen del conflicto violento se han convertido en el verdadero y auténtico enemigo. Porque la crisis de la izquierda abertzale no se explica sólo por la ofensiva policial y judicial de los últimos tiempos, ciertamente desarrollada bajo parámetros y medidas muy cuestionables desde la perspectiva de un Estado de derecho 'comme il faut'.
En un contexto de profundo rechazo social a la violencia, cuando ETA, como vanguardia del conjunto del movimiento, pretende dirigir y condicionarlo todo, el silencio, la falta de rebeldía y la subordinación se convierten en las auténticas razones que explican el fracaso de la estrategia desarrollada por la izquierda abertzale durante estos treinta años. Además, tengo el convencimiento de que la derrota de esa estrategia que pretende combinar violencia y política se percibiría socialmente de manera mucho más nítida y en su verdadera dimensión si no se hubiera producido el rosario de ilegalizaciones y suspensiones cautelares. Para la percepción ciudadana esa imagen de censura y reproche social va a quedar desdibujada con los resultados que va a obtener la candidatura suspendida, aunque sean nulos.
Tanto el desenlace del pacto de Lizarra como la ruptura del último alto el fuego ponen de manifiesto la resistencia de ETA y del irredentismo existente en el seno de Batasuna para dar por finiquitado el tiempo de la lucha armada. Pero la objeción no es sólo por la exigencia del cese de la violencia, se extiende también al hecho de convertirse en un agente político más al uso, con sus virtudes y sus miserias, defendiendo su interés particular con las mismas armas inanes que los demás, como defiende uno de los condenados en el sumario 18/98. Esa resistencia a aceptar que en democracia uno representa lo que representa y sólo lo que representa, y que las decisiones se adoptan fundamentalmente en las instituciones y que éstas adoptan sus acuerdos acudiendo normalmente al sistema de votación. Donde uno, aunque crea tener razón, no puede esgrimir la razón de las armas. Todo un aburrimiento para quienes pensaban que entre nosotros el poder está en la punta del fusil.
La propuesta de Anoeta significaba en su formulación una auténtica enmienda a la totalidad a lo que había sido hasta entonces el pensamiento de ETA. Con ella se abría el camino para el inicio de un nuevo modelo de actuación basado en el cese de la lucha armada, la apertura a sectores civiles y políticos que defienden el soberanismo sin ETA, y la renuncia a la compatibilidad de la política y la violencia. El mantenimiento del alto el fuego y la interiorización sincera por el conjunto de las organizaciones de la izquierda abertzale de lo que realmente significaba la propuesta de Anoeta se convertían en las auténticas piedras de toque para la necesaria renovación democrática de este sector político, así como para la articulación de una nueva alternativa con pretensiones de disputar a otros posiciones mayoritarias o hegemónicas. Hubo muchas dificultades en el camino, pero el mayor obstáculo en ese proceso de regeneración civil no lo puso el Gobierno sino ETA, mucho antes de que lo echase todo por la borda con el atentado de la T-4.
Todo empezó a ir a peor cuando allá por los meses de verano de 2006, tal y como estaba más o menos previsto, la izquierda aber-tzale, por dificultades internas y externas, no pudo adoptar las iniciativas precisas dirigidas a recuperar y ganar la legalidad en condiciones políticas aceptables, tanto para ellos como para el Gobierno. Quienes decidieron optaron por situar la legalización al final del proceso y casi como resultado de una derogación de la ley de partidos. Lógicamente, una izquierda abertzale pasada por ventanilla constituía un verdadero handicap para aquellos que ya para esas fechas estaban pensando no en dialogar con el Gobierno, sino en colocarnos el regalito de la T-4. Por otra parte, es obvio que la ilegalización de las organizaciones de la izquierda abertzale deja a todo ese entramado en una mayor dependencia con respecto a ETA, favoreciendo el paso a la clandestinidad de ciertas estructuras. También esto debería ser motivo de reflexión para el Ejecutivo.
Probablemente, esa respuesta solidaria se expresará de manera clara, y más firme que en otras ocasiones, en las elecciones generales, una vez conocida la suspensión de actividades de ANV y EHAK decretada por el juez Garzón. Seguramente, sucederá todo lo contrario de lo que ocurrió en los comicios autonómicos de mayo de 2001, cuando la representación parlamentaria de Batasuna quedó reducida a su mitad como castigo de sus electores a la decisión de ETA de volver a la violencia, y por la subordinación y el servilismo de la dirección política ante la terrible opción adoptada.
Aquello sí que resultó ser la expresión directa de la verdadera crisis de fondo que padece todo este espectro político. Es una crisis grave, que afecta de lleno al núcleo esencial de su modelo de actuación, basado en la complementariedad de lo militar y lo político, con desdoblamiento organizativo, de naturaleza netamente vanguardista y con clara supremacía de la dirección y de la estrategia de la organización armada sobre todo lo demás.
Un modelo que pretendía representar y vertebrar un poder alternativo al poder instituido, y organizarse en el seno de la sociedad como una comunidad cerrada de convencidos que se consideran como los auténticos libertadores de la patria, siendo de entre éstos los aspirantes a mayor gloria quienes decidan integrarse en ETA. Hace tiempo que la llamada 'lucha armada', como instrumento de lucha política, entró en crisis y con ello extendió los efectos de la misma, como un autentico cáncer, al conjunto de la izquierda aber-tzale, condenándola a un futuro ciertamente negro.
La persistencia de ETA no ha tenido en la supuesta dirección política de la izquierda abertzale la respuesta necesaria y apropiada en defensa de su proyecto y de su autonomía como formación política. Al contrario, la resistencia a marcar la debida distancia respecto de la organización armada les ha llevado a hipotecar su futuro, al vincular su suerte a la suerte de aquélla. Su incapacidad para romper el cordón umbilical, su falta de determinación para construir un discurso propio al margen del conflicto violento se han convertido en el verdadero y auténtico enemigo. Porque la crisis de la izquierda abertzale no se explica sólo por la ofensiva policial y judicial de los últimos tiempos, ciertamente desarrollada bajo parámetros y medidas muy cuestionables desde la perspectiva de un Estado de derecho 'comme il faut'.
En un contexto de profundo rechazo social a la violencia, cuando ETA, como vanguardia del conjunto del movimiento, pretende dirigir y condicionarlo todo, el silencio, la falta de rebeldía y la subordinación se convierten en las auténticas razones que explican el fracaso de la estrategia desarrollada por la izquierda abertzale durante estos treinta años. Además, tengo el convencimiento de que la derrota de esa estrategia que pretende combinar violencia y política se percibiría socialmente de manera mucho más nítida y en su verdadera dimensión si no se hubiera producido el rosario de ilegalizaciones y suspensiones cautelares. Para la percepción ciudadana esa imagen de censura y reproche social va a quedar desdibujada con los resultados que va a obtener la candidatura suspendida, aunque sean nulos.
Tanto el desenlace del pacto de Lizarra como la ruptura del último alto el fuego ponen de manifiesto la resistencia de ETA y del irredentismo existente en el seno de Batasuna para dar por finiquitado el tiempo de la lucha armada. Pero la objeción no es sólo por la exigencia del cese de la violencia, se extiende también al hecho de convertirse en un agente político más al uso, con sus virtudes y sus miserias, defendiendo su interés particular con las mismas armas inanes que los demás, como defiende uno de los condenados en el sumario 18/98. Esa resistencia a aceptar que en democracia uno representa lo que representa y sólo lo que representa, y que las decisiones se adoptan fundamentalmente en las instituciones y que éstas adoptan sus acuerdos acudiendo normalmente al sistema de votación. Donde uno, aunque crea tener razón, no puede esgrimir la razón de las armas. Todo un aburrimiento para quienes pensaban que entre nosotros el poder está en la punta del fusil.
La propuesta de Anoeta significaba en su formulación una auténtica enmienda a la totalidad a lo que había sido hasta entonces el pensamiento de ETA. Con ella se abría el camino para el inicio de un nuevo modelo de actuación basado en el cese de la lucha armada, la apertura a sectores civiles y políticos que defienden el soberanismo sin ETA, y la renuncia a la compatibilidad de la política y la violencia. El mantenimiento del alto el fuego y la interiorización sincera por el conjunto de las organizaciones de la izquierda abertzale de lo que realmente significaba la propuesta de Anoeta se convertían en las auténticas piedras de toque para la necesaria renovación democrática de este sector político, así como para la articulación de una nueva alternativa con pretensiones de disputar a otros posiciones mayoritarias o hegemónicas. Hubo muchas dificultades en el camino, pero el mayor obstáculo en ese proceso de regeneración civil no lo puso el Gobierno sino ETA, mucho antes de que lo echase todo por la borda con el atentado de la T-4.
Todo empezó a ir a peor cuando allá por los meses de verano de 2006, tal y como estaba más o menos previsto, la izquierda aber-tzale, por dificultades internas y externas, no pudo adoptar las iniciativas precisas dirigidas a recuperar y ganar la legalidad en condiciones políticas aceptables, tanto para ellos como para el Gobierno. Quienes decidieron optaron por situar la legalización al final del proceso y casi como resultado de una derogación de la ley de partidos. Lógicamente, una izquierda abertzale pasada por ventanilla constituía un verdadero handicap para aquellos que ya para esas fechas estaban pensando no en dialogar con el Gobierno, sino en colocarnos el regalito de la T-4. Por otra parte, es obvio que la ilegalización de las organizaciones de la izquierda abertzale deja a todo ese entramado en una mayor dependencia con respecto a ETA, favoreciendo el paso a la clandestinidad de ciertas estructuras. También esto debería ser motivo de reflexión para el Ejecutivo.
