
Las fuerzas de seguridad no tienen ninguna duda de que la izquierda abertzale va a utilizar el hecho de que sigue siendo legal en Francia para intentar recomponerse y sortear la presión policial y judicial en España. Según el análisis de los expertos de la lucha antiterrorista, las suspensiones de ANV y EHAK y las detenciones de miembros de la mesa nacional están llevando a Batasuna a una situación de clandestinización sin precedentes, en la que sus movimientos en el País Vasco son cada vez más escasos y menos públicos.
La plataforma aquí ilegalizada, mientras tanto, mantiene operativa su sede francesa en la calle Cordeliers de Bayona, donde también concentra sus oficinas la organización juvenil radical Segi, proscrita en España. En esos locales puede mantener encuentros sin temor a acciones policiales. Por contra, en España no pueden celebrar una reunión de este tipo sin temor a ser detenidos.
Los expertos creen que su supervivencia en Francia supondría una ventaja relativa para Batasuna, ya que sin cuadros en el País Vasco no conseguiría mantener la tensión y la dirección en Euskadi, en un momento en que no quiere ofrecer a sus bases una imagen de mera resistencia.
En ese sentido, una de las fechas claves en el proceso de clandestinización de la izquierda abertzale es la del 4 de octubre del año pasado, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a 23 personas, de las que 17 ingresaron en prisión por ser «el nucleo duro» de Batasuna, según el juez Baltasar Garzón. Es a raíz de la operación de Segura cuando ha comenzado a detectarse viajes al otro lado de la frontera de varios dirigentes de la organización.
Pero durante los arrestos de Segura también se incautó diversa documentación financiera y se tuvo acceso a varias cajas fuertes de la izquierda abertzale. En ellas se guardaban 38.000 euros, documentación sobre movimientos contables y códigos para utilizar cuentas 'on-line' abiertas en diversos bancos.
El papel de Unai Fano
A raíz de ese descubrimiento, gran parte de los depósitos bancarios de EHAK y ANV quedaron intervenidos pero en otras cuentas comenzaron a producirse movimientos importantes. Los que más han llamado la atención de las fuerzas de seguridad han sido las transferencias internacionales efectuadas en tan sólo siete días, entre el 17 y el 24 de diciembre de 2007. En esa semana, desde una cuenta abierta por los comunistas vascos se realizaron depósitos en nueve cuentas de Francia y Bélgica en las que constan como beneficiarios veteranos miembros de la mesa nacional como los franceses Xabier Lsarralde, Jean Claude Aguerre o Aurore Martin. Entre las personas que recibieron ese dinero se encuentra también Patricia Martinón o Giulano Cavaterra, delegados de Batasuna en Francia, o uno de los responsables de la formación en Bayona, Zigor Gogeaskoetxea. Todos ellos figuran en las nóminas de EHAK como empleados de la formación ahora suspendida.
Las fuerzas de seguridad creen que este dinero permitirá a la organización ilegalizada mantener su actividad. Sin embargo, la cantidad no es suficiente para pagar todo el funcionamiento de la infraestructura de la izquierda abertzale. Las fuentes consultadas recuerdan que, tras la ilegalización de Batasuna en 2002, la izquierda abertzale ya tuvo problemas para pagar los sueldos de sus cuadros medios. Los resultados de EHAK y la posterior presencia en algunos ayuntamiento de ANV les ayudó a paliar esta situación, tal y como figura en el auto del juez Baltasar Garzón.
Uno de los beneficiarios de los movimientos económicos de EHAK en España ha sido Unai Fano, el dirigente de Ekin y asesor de Batasuna que no pudo ser localizado por la Policía el pasado lunes, cuando se detuvo a los mahaikides Pernando Barrena y Patxi Urrutia. Fano, que también tenía la condición de empleado de EHAK, está considerado como uno de los dirigentes en la sombra dada su condición de miembro de Ekin. Este colectivo, cuya ilegalización fue ratificada en la Audiencia Nacional en diciembre por entender que era «las entrañas de ETA», había asumido la dirección de Batasuna, según el auto del juez Baltasar Garzón contra EHAK y ANV.
Para el magistrado, «Batasuna había renunciado a ser el partido legal de la izquierda abertzale para ejercer el papel de Ekin». En los autos se citan casos vinculados con cargos de la coalición como Mikel Garaiondo, a quien se le incautó documentación para preparar las elecciones municipales, o Nuria Alzugarai, también responsable de Ekin, según el juez, y relacionada con los pagos a miembros de la mesa nacional.
Para los expertos, si Batasuna ejercía de Ekin era porque cargos de esta organización ya estaban en la dirección de la izquierda abertzale. Y creen que una mayor influencia de Ekin -y el aumento de la clandestinidad- supondrá una radicalización de los postulados de la izquierda abertzale.







