mercado laboral
Detenida una hostelera vizcaína que empleaba a trabajadoras ilegales por 230 euros al mes
La mujer, arrestada por el Cuerpo Nacional de Policía, niega la acusación y sostiene que les pagaba 900 euros
La explotación de inmigrantes ilegales amenaza con extenderse en Vizcaya. En apenas medio año, el Cuerpo Nacional de Policía ya ha descubierto a cinco empresarios que habían convertido esta práctica delictiva en una jugosa fuente de ingresos. Según informó ayer la Delegación del Gobierno, la última detenida es una hostelera vizcaína que empleaba a personas sin papeles a cambio de condiciones laborales extremas. Les pagaba 230 euros al mes por 55 horas semanales de trabajo. La mujer rechazó ayer esta acusación y aseguró que esa cantidad corresponde al pago «semanal» hasta hacer «un sueldo mensual de 900 euros».
Tras ser advertidos de que en un restaurante de Izurtza había trabajadores en situación irregular, el grupo de investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería realizó una inspección el pasado 6 de febrero. Según su versión, corroboró que en el local trabajaban ciudadanas extranjeras. De hecho, en el momento de la intervención se encontraban en el interior dos bolivianas, de 20 y 47 años, respectivamente.
Según señaló la Delegación del Gobierno, las mujeres denunciaron que se veían obligadas a trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes. Los sábados la jornada prácticamente se duplicaba, con apenas un descanso de media hora para comer.
La detenida responde a las iniciales M.C.A.A., tiene 58 años y ha sido puesta a disposición judicial acusada de un delito contra los derechos de los trabajadores. La mujer, sin embargo, aseguró ayer que las acusaciones vertidas sobre ella, son «mentira», e insistió en que en ningún momento ha sido detenida. «Sólo fui a declarar», precisó.
«Sólo una sanción»
Tras reconocer que no firmó un contrato a las dos mujeres porque carecían de papeles, puntualizó que no está acusada de cometer un delito. «Como mucho de una sanción a la Seguridad Social», indicó. Respecto al horario laboral de sus empleadas, M.C.A.A. matizó que las dos bolivianas «nunca trabajaron 15 horas seguidas». «Entre semana el horario es de 9 a 17.00 horas y los sábados se turnaban durante el día», añadió.
Las últimas detenciones practicadas por la Policía Nacional han provocado las críticas de SOS Racismo. Según su portavoz, Diego Jáuregui, estas actuaciones promueven aún más la explotación laboral al conllevar la expulsión del trabajador «que se niega a denunciar los abusos».
Tras ser advertidos de que en un restaurante de Izurtza había trabajadores en situación irregular, el grupo de investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería realizó una inspección el pasado 6 de febrero. Según su versión, corroboró que en el local trabajaban ciudadanas extranjeras. De hecho, en el momento de la intervención se encontraban en el interior dos bolivianas, de 20 y 47 años, respectivamente.
Según señaló la Delegación del Gobierno, las mujeres denunciaron que se veían obligadas a trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes. Los sábados la jornada prácticamente se duplicaba, con apenas un descanso de media hora para comer.
La detenida responde a las iniciales M.C.A.A., tiene 58 años y ha sido puesta a disposición judicial acusada de un delito contra los derechos de los trabajadores. La mujer, sin embargo, aseguró ayer que las acusaciones vertidas sobre ella, son «mentira», e insistió en que en ningún momento ha sido detenida. «Sólo fui a declarar», precisó.
«Sólo una sanción»
Tras reconocer que no firmó un contrato a las dos mujeres porque carecían de papeles, puntualizó que no está acusada de cometer un delito. «Como mucho de una sanción a la Seguridad Social», indicó. Respecto al horario laboral de sus empleadas, M.C.A.A. matizó que las dos bolivianas «nunca trabajaron 15 horas seguidas». «Entre semana el horario es de 9 a 17.00 horas y los sábados se turnaban durante el día», añadió.
Las últimas detenciones practicadas por la Policía Nacional han provocado las críticas de SOS Racismo. Según su portavoz, Diego Jáuregui, estas actuaciones promueven aún más la explotación laboral al conllevar la expulsión del trabajador «que se niega a denunciar los abusos».
