Al parecer, la encausada, que poseía varios bares en San Francisco, realizó alrededor de una veintena de ofertas de trabajo que después incumplió al vender o traspasar sus negocios. La empresaria cobró a los ciudadanos extranjeros entre 1.200 y 1.500 euros «a cambio de ofrecerles un contrato» y regularizar su situación, aunque la Fiscalía sostiene que «en ningún momento se planteó abonar los pagos a la Seguridad Social».
Sólo seis inmigrantes desistieron de denunciarla. Según Harresiak Apurtuz, este juicio ejemplifica un «fracaso institucional» al poner de relieve «la vulnerabilidad e indefensión jurídica» que padecen los inmigrantes, agudizada por una Ley de Extranjería «xenófoba que no hace sino favorecer el abuso y la discriminación».









