Urkullu acusa al PSOE de negociar «cuestiones políticas» con ETA durante el proceso de paz

Iñigo Urkullu debutó ayer en la arena política madrileña y no dio la impresión de haber acudido a cubrir el expediente, sino más bien con la intención meditada de dejar huella de un nuevo estilo de liderazgo al frente del EBB del PNV tras la etapa de Josu Jon Imaz. El presidente jeltzale articuló en un desayuno informativo organizado por el Forum Nueva Economía un discurso intenso, no exento de tono admonitorio y duro, sobre todo con José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE, a quienes, por primera vez en público, reprochó con inusitada crudeza su modo de proceder durante el fallido proceso de paz.

Ante un nutrido auditorio engrosado por numerosos dirigentes y cargos jeltzales, empresarios y periodistas y el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, que encajó con cara de póker los embates contra su partido, Urkullu combinó algunas de las guías clásicas de su discurso político con un tono más contundente que nunca para referirse, sobre todo, a los socialistas. Insistió también en que el PNV y el lehendakari continúan con la mano tendida al Gobierno central para acordar «cordialmente» la nueva relación de Euskadi con España y la necesidad de buscar «en paralelo» la pacificación y la normalización.

El líder del EBB -que comenzó la víspera su 'bautismo' capitalino con una cena con algunos de los empresarios más pujantes del país- desempolvó los entresijos de las conversaciones con ETA y Batasuna en 2006 y acusó al PSOE de haber contribuido a herir de muerte el proceso al «cruzar una barrera que no debió haber cruzado». Según el dirigente peneuvista, los socialistas actuaron «a la desesperada» en los primeros meses de gestión del alto el fuego cuando su «idilio» con Batasuna comenzaba a languidecer. Entonces, según Urkullu, el PSOE dinamitó 'de facto' la tesis de las dos mesas -una Gobierno-ETA, para tratar exclusivamente del abandono de las armas, y otra, de partidos, para alcanzar acuerdos sobre el marco jurídico- «y quiso negociar con ETA directamente cuestiones políticas», un extremo que desmintió tajantemente más tarde la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Urkullu admitió que también el PNV ha podido incurrir en ese error en procesos anteriores -Lizarra-, pero puntualizó que su partido no tenía en su mano la posibilidad de satisfacer las exigencias de la banda y reprochó a los socialistas que no «aprendieran» del «bagaje» aportado por los jeltzales y expresado por la propia Batasuna en Anoeta.

Lejos del respaldo sin fisuras que el PNV de Imaz brindó a Zapatero, el líder peneuvista apuntó ahora toda su munición de precampaña hacia los socialistas -al PP le mencionó sólo de pasada- y lamentó que en aquella etapa correspondieran a su «apoyo incondicional» con «desaires, sobre todo en privado». No obstante, «lo peor de todo», según él, es la «ciaboga» de Zapatero -a quien dibujó como un mandatario «frustrado» por no haber acabado con ETA-, que le ha llevado a «una lucha sin cuartel contra todo lo que se mueve en la izquierda radical». Le acusó de ir «más lejos» que Aznar en ilegalizaciones y encarcelamientos, cuando, paradójicamente, estuvo dispuesto también a «ir más lejos que nadie» para alcanzar acuerdos «sólo» con Batasuna.

De hecho, Urkullu se mostró convencido de que el PSOE se embarcó en el proceso con la velada intención de pactar con la izquierda radical para desalojar al PNV del poder y sólo se acordó de los jeltzales en otoño, cuando fueron llamados a las negociaciones de Loyola y el proceso naufragaba sin remedio. Incluso, verbalizó la supuesta aspiración de los socialistas de «reeditar en Euskadi el conocido como tripartito catalán», una coalición con una hipotética Batasuna legalizada y otros partidos de izquierda para acabar con la hegemonía peneuvista. «No nos podemos resignar a que el partido gobernante en el Estado entienda la cuestión vasca como un precio político a ETA por la paz y, de manera más miserable, un precio político que traiga el desplazamiento político del PNV de las instituciones vascas», arremetió.

Voto victimista

En la ronda de preguntas, el líder jeltzale aseguró que el PNV no recogerá «ni un solo voto» de la ilegalizada ANV, no a causa únicamente de la campaña de la izquierda abertzale a favor del voto nulo «victimista», sino porque su partido es el «adversario real» de Batasuna, que siempre ha buscado «desplazarle» del poder «y con ese objetivo inició las conversaciones con el PSOE».

A los socialistas les reprochó en varias ocasiones que, igual que el PP, utilicen a ETA «como excusa» para «no avanzar». Pero dijo no estar dispuesto a tolerarlo por más tiempo y planteó el escenario que, a su juicio, debe abrirse a partir de ahora para acabar con el terrorismo: por un lado por la vía dialogada, si media un nuevo alto el fuego «definitivo y acreditado», y para alcanzar, por otro, un acuerdo «bilateral» e inclusivo con el Estado «con lealtades y obligaciones recíprocas». Según puntualizó en uno de los pocos guiños a su auditorio madrileño, ese acuerdo no persigue en modo alguno el «derecho de secesión» sino un derecho a decidir «restringido y autolimitado». «Somos nacionalistas, no autodeterministas».

Esa disposición no impidió que Urkullu elevara el listón de sus exigencias a quien gobierne a partir del 9-M -el PNV no aceptará más «promesas vagas» ni acuerdos únicamente en torno a las transferencias- e incluso hiciese una advertencia de profundo calado en nombre también de sus socios en Galeuscat, CiU y BNG. Según dijo, si el «conflicto» vasco continúa «enquistado» y el Constitucional anula el Estatuto catalán, «rebrotará con toda su fuerza el problema de las nacionalidades insatisfechas en un Estado invertebrado». Y eso puede desembocar en breve «en la mayor crisis institucional» desde la Transición, advirtió Urkullu, querecomendó a Zapatero y Rajoy que tengan en cuenta la «amenaza» que se cierne sobre el Estado.