VIZCAYA
Barcelona prevé multas de 3.000 euros por practicar sexo en la vía pública
La norma contempla planes de integración y prohíbe desde 2005 «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios retribuidos»
16.02.08 -
Barcelona lo tiene claro. Desde diciembre de 2005, la ciudad condal cuenta con una Ordenanza de Convivencia que regula la prostitución, la mendicidad y la venta ambulante. La norma nació envuelta en la polémica -después de varios meses de debate, provocó una grieta en el Gobierno tripartito, al votar en contra ICV-EUiA-, aunque ahora ciudades como Bilbao, Málaga o Sevilla buceen en el Capítulo V Sección 2 en su búsqueda de modelos para atajar la proliferación de prostitutas en la vía pública, un problema común a todas ellas. Los ejes de esta normativa -que muchos rechazaban por mezclar problemas sociales con otros relacionados con el vandalismo y la falta de civismo»- era preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en la calle, mantener la convivencia y evitar problemas de vialidad en lugares de tránsito público, así como atajar la explotación de determinados colectivos. Los artífices de la ordenanza pretendían así regular la ocupación del espacio público como resultado de la demanda de prostitutas.
La norma prohíbe taxativamente «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público» cuando estas prácticas «limiten la compatibilidad de usos» de dicho espacio. El texto recoge el rechazo que merecen estas conductas cuando se llevan a cabo a menos de 200 metros de un colegio -establece para los infractores multas de hasta 750 euros- y hace especial hincapié en las prácticas sexuales que se mantienen en el espacio público. Esto último es calificado de «muy grave» y se advierte de que será sancionable con entre 1.500 y 3.000 euros. La Policía se limitará primero a pedir a los infractores que cesen en su actitud y, en caso de que persistan, se procederá al correspondiente procedimiento sancionador. También les informarán de que «las instituciones les ofrecen asistencia social, prestándoles, además, la ayuda que sea necesaria».
Contra el proxeneta
En cuanto a las intervenciones específicas, el Consistorio se comprometió, a través de los servicios sociales, a prestar información y ayuda a todas aquellas personas que ejercían la prostitución en la ciudad y estaban dispuestas a dejarlo. Con este propósito, y de manera paralela, elaboró un Plan para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, «a fin de evitar que el ofrecimiento de estos servicios en la vía pública afecte a la convivencia ciudadana y poder atender a las personas que realizan estas actividades».
El paquete de medidas incluía la colaboración con asociaciones que trabajan con este colectivo; informar sobre servicios sociales, educativos y sanitarios; ofrecer formación a las prostitutas y, por último, ponerlas al corriente de los recursos laborables disponibles. El Consistorio, por último, se comprometía a combatir las conductas que atenten contra «la libertad e indemnidad sexual», en especial el proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual y, especialmente, en lo relativo a los menores.
La norma prohíbe taxativamente «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público» cuando estas prácticas «limiten la compatibilidad de usos» de dicho espacio. El texto recoge el rechazo que merecen estas conductas cuando se llevan a cabo a menos de 200 metros de un colegio -establece para los infractores multas de hasta 750 euros- y hace especial hincapié en las prácticas sexuales que se mantienen en el espacio público. Esto último es calificado de «muy grave» y se advierte de que será sancionable con entre 1.500 y 3.000 euros. La Policía se limitará primero a pedir a los infractores que cesen en su actitud y, en caso de que persistan, se procederá al correspondiente procedimiento sancionador. También les informarán de que «las instituciones les ofrecen asistencia social, prestándoles, además, la ayuda que sea necesaria».
Contra el proxeneta
En cuanto a las intervenciones específicas, el Consistorio se comprometió, a través de los servicios sociales, a prestar información y ayuda a todas aquellas personas que ejercían la prostitución en la ciudad y estaban dispuestas a dejarlo. Con este propósito, y de manera paralela, elaboró un Plan para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, «a fin de evitar que el ofrecimiento de estos servicios en la vía pública afecte a la convivencia ciudadana y poder atender a las personas que realizan estas actividades».
El paquete de medidas incluía la colaboración con asociaciones que trabajan con este colectivo; informar sobre servicios sociales, educativos y sanitarios; ofrecer formación a las prostitutas y, por último, ponerlas al corriente de los recursos laborables disponibles. El Consistorio, por último, se comprometía a combatir las conductas que atenten contra «la libertad e indemnidad sexual», en especial el proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual y, especialmente, en lo relativo a los menores.
