ÁLAVA
Lazcoz quiere indemnizar para el verano a los afectados de los chalés de Ibaiondo
Dice que la orden para iniciar el proceso administrativo «está ya dada» El sobrecosto aplicado a los 24 vecinos asciende a 1,3 millones de euros
21.02.08 -
Una joven y un niño salen de uno de los 24 chalés. / JESÚS ANDRADE
Los veinticuatro dueños de los polémicos chalés bioclimáticos de Ibaiondo están un poco más cerca de recuperar los cerca de 1,3 millones de millones que reclaman. Ese es exactamente el sobreprecio que los afectados tuvieron que pagar a la empresa Opacua, la adjudicataria del proyecto, para adquirir esas viviendas. Esto es, 54.000 euros cada uno.
El Gabinete Lazcoz se comprometió en su día a indemnizar con esa cantidad a los afectados, una vez que la Corporación aprobara el presupuesto de la ciudad para 2008 y contara así con liquidez. Cumplido ya ese trámite, el equipo de gobierno municipal quiere cumplir su promesa antes del próximo verano.
Para ello, ha dado las instrucciones para que los técnicos inicien los pertinentes trámites administrativos. «La orden ya está dada», confirmó ayer el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso.
El Ayuntamiento pretende afrontar ese desembolso «a la vez» y de forma subsidiaria. Es decir, una vez que ejecute el pago a los afectados, reclamará a la firma adjudicataria, Opacua, que le abone los 1,3 millones de euros.
La polémica del 'caso Ibaiondo' fue analizada hace un año por una comisión de investigación creada en el seno del Ayuntamiento. Concluyó que no procedía que la constructora cobrara 54.000 euros a cada uno de los compradores por las características bioclimáticas de las viviendas, puesto que ese concepto ya estaba incluido en el coste final de las casas. Entendió, por tanto, que se había producido una duplicidad y llevó el asunto a los tribunales.
Comparecencia judicial
En el proceso judicial, aún en marcha, el único imputado es el ex director de Urbanismo Antón Sáenz de Santa María, a quien la fiscalía le acusó de tres delitos de prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho. La magistrada que instruye el caso tiene previsto escuchar hoy un nuevo testimonio, el de la directora de la Agencia de Renovación Urbana, Ana Aguirre.
La acusación particular solicitó su comparecencia con el objetivo de verificar si fue esa sociedad anónima la que fijó el precio de los chalés «y no el Ayuntamiento», como sostiene el abogado de Santa María.
El Gabinete Lazcoz se comprometió en su día a indemnizar con esa cantidad a los afectados, una vez que la Corporación aprobara el presupuesto de la ciudad para 2008 y contara así con liquidez. Cumplido ya ese trámite, el equipo de gobierno municipal quiere cumplir su promesa antes del próximo verano.
Para ello, ha dado las instrucciones para que los técnicos inicien los pertinentes trámites administrativos. «La orden ya está dada», confirmó ayer el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso.
El Ayuntamiento pretende afrontar ese desembolso «a la vez» y de forma subsidiaria. Es decir, una vez que ejecute el pago a los afectados, reclamará a la firma adjudicataria, Opacua, que le abone los 1,3 millones de euros.
La polémica del 'caso Ibaiondo' fue analizada hace un año por una comisión de investigación creada en el seno del Ayuntamiento. Concluyó que no procedía que la constructora cobrara 54.000 euros a cada uno de los compradores por las características bioclimáticas de las viviendas, puesto que ese concepto ya estaba incluido en el coste final de las casas. Entendió, por tanto, que se había producido una duplicidad y llevó el asunto a los tribunales.
Comparecencia judicial
En el proceso judicial, aún en marcha, el único imputado es el ex director de Urbanismo Antón Sáenz de Santa María, a quien la fiscalía le acusó de tres delitos de prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho. La magistrada que instruye el caso tiene previsto escuchar hoy un nuevo testimonio, el de la directora de la Agencia de Renovación Urbana, Ana Aguirre.
La acusación particular solicitó su comparecencia con el objetivo de verificar si fue esa sociedad anónima la que fijó el precio de los chalés «y no el Ayuntamiento», como sostiene el abogado de Santa María.
