
ANTECEDENTES
En ellas se pide que sea el Gobierno vasco quien asuma el proyecto de recuperación, sin necesidad de una explotación adicional de cuatro millones de toneladas, «por haber quedado demostrado que es técnica y económicamente viable». Le emplaza, además, a apoyar la modificación puntual del Plan de Recursos de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola, en cuyos límites se encuentra ubicada esta empresa. Los representantes del PNV, que retiraron una enmienda a la totalidad, votaron en contra.
Se trata de un nuevo rechazo político que recibe una de las tres canteras que operan en Mañaria. Las Juntas Generales acordaron el pasado 12 de noviembre por unanimidad el cierre y la recuperación de Zalloventa. «Se puede decir con rotundidad que carece de autorización administrativa, por estar declaradas nulas todos sus frentes de explotación. Pero, a pesar de ello, continúa abierta, causando daños irreparables al Parque Natural de Urkiola al modificar sustancialmente la orografía del monte Eskubaratz», censuran los firmantes de la proposición no de ley.
La parlamentaria del PP Esther Martínez advirtió de que «no se pueden permitir desmanes legales ni canteras ilegales», y reprochó al Gobierno vasco estar primando «los intereses del propietario, sin tener en cuenta las tres resoluciones judiciales contrarias».
En la misma línea crítica, la socialista Idoia Mendia recordó que, «aunque Mañaria haya vivido en un régimen semifeudal, bajo el poder de un 'jauntxo', algunos de sus habitantes han dicho ¿basta ya! porque no quieren que se consuma la destrucción de un paraje natural de gran valor, no sólo medioambiental, sino también patrimonio de nuestra historia». Desde Aralar, Aintzane Ezenarro insistió en que si no se paraliza «los daños no se podrán arreglar con dinero».
La jeltzale Estibaliz Hernáez argumentó el rechazo de su grupo en la última resolución del TSJPV, que denegaba la suspensión cautelar, amparándose en que «los daños serían de difícil reparación», haciendo alusión a los trabajadores de la explotación. «No podemos pedir al Gobierno vasco que actúe en contra antes de que exista una sentencia en firme del Tribunal Supremo», matizó.









