La Fiscalía de Guipúzcoa informó en su memoria de 2006 de que las diligencias incoadas a adolescentes habían aumentado casi el 6%. Pero lo más llamativo era que los delitos contra la libertad sexual habían aumentado el 66%; las faltas contra el patrimonio, el 25%, y la violencia doméstica, el 22%. Al mismo tiempo, descendieron de forma drástica los casos de tráfico de drogas (55%) y los delitos contra la seguridad (72%).
En medios judiciales aseguran que el maltrato es frecuente entre chicos y chicas sin distinción. Las conductas más comunes son los insultos, las vejaciones y las lesiones, protagonizadas casi siempre por menores con problemas de adaptación social que no pocas veces proceden de familias desestructuradas y conflictivas.
«En un alto número de casos se trata de chavales que han tenido fracasos en el ámbito familiar y escolar -explica un portavoz policial-. Carecen de interés por continuar con los estudios, pero como son menores están obligados a acudir diariamente a clase». Estos adolescentes son un foco de conflicto con los profesores y con sus propios compañeros, a los que llevan varios años de diferencia cuando son repetidores. Las autoridades policiales creen que el Gobierno vasco, los servicios sociales y la Administración de Justicia podrían establecer una «tercera vía» para ocuparse de ellos.
Padres e hijos
De todos modos, los adolescentes problemáticos no sólo dirigen su agresividad contra muchachos de su edad, sino contra los padres. Algunas familias llegan a pedir que los hijos sean apartados del hogar. Sin embargo, la memoria de la Fiscalía guipuzcoana recuerda que, como los hechos imputados suelen ser desobediencias o faltas, no es posible adoptar medidas como el internamiento. En algunos casos ni siquiera está justificada una intervención desde el ámbito penal, sino desde instancias educativas, sociales e incluso sanitarias.
De hecho, la violencia de los hijos contra los padres, especialmente hacia sus madres, suele producirse en familias que necesitan atención de los servicios sociales o que ya la están recibiendo. El principal problema de esos hogares suele ser la falta de comunicación, que impide solucionar los conflictos domésticos, de manera que degeneran en situaciones de violencia.
Algunos estudios también han detectado un aumento de las infracciones cometidas por menores extranjeros. La mayoría son marroquíes y han vivido en las calles de Tánger antes de entrar en España. Según la Fiscalía de Guipúzcoa explican, algunos presentan muchas carencias educativas y afectivas. Además, su integración es compleja debido a las dificultades del idioma, lo que se traduce en una tendencia relacionarse sólo con sus iguales.
Precisamente, ese reagrupamiento provoca que las conductas desencadenantes de conflictos puedan contagiarse con rapidez entre ellos. El fenómeno se observa sobre todo en los centros de acogida, donde, según la Fiscalía, la actitud hostil de un menor es copiada de inmediato por el resto de los internos.








