
«Han pasado tres años desde que se aprobara el plan territorial y en este tiempo se han podido comprobar algunas incoherencias y rigideces, lo que aconseja flexibilizar los criterios iniciales en este terreno concreto», dijo el máximo responsable foral.
El acuerdo alcanzado -aún pendiente de algunos flecos- se presentará el próximo 6 de marzo a los representantes del sector vitivinícola y a los ayuntamientos de la comarca. 15 de ellos presentaron en su día alegaciones.
Distinción por producción
La clave de los cambios pasa por un distinción de partida entre pequeñas y grandes bodegas, con la cota de los 250.000 litros anuales como frontera. Las plantas transformadoras se implantarán de manera preferente, que no obligatoria, en suelos urbanos y urbanizables, que deberán clasificar los ayuntamientos.
Para los pequeños negocios se rebajará de 20.000 a 10.000 metros cuadrados el tamaño de la parcela necesaria, y de diez a ocho hectáreas la superficie mínima de viñedo para dar el paso.
El proyecto prevé flexibilizar las normas de edificabilidad y la transformación en bodegas de algunos pabellones ya existentes, además de posibilitar pequeñas ampliaciones -hasta un 10%- si no se localizan en suelos de especial protección. Al pie de la Sierra Cantabria se fijará una distancia mínima de 500 metros entre dos instalaciones.





