La Dirección General del Catastro es la que negocia con los ayuntamientos la subida del valor catastral. Por eso, la plataforma ciudadana critica que el Consistorio castreño no frenara entonces un indicador que sienta las bases para determinar el incremento de tasas como el IBI y el Impuesto sobre el Patrimonio.
Después de seis meses de múltiples e infructuosos recursos ante la Administración para frenar la subida, las 700 familias se reunirán ente viernes en Sámano para acordar cuántos contenciosos presentarán ante los tribunales. Su objetivo es conseguir que se reconsidere la valoración catastral para que se reduzcan sus recibos del IBI. «Los no empadronados son uno de los colectivos que más lo notan, al soportar un incremento del 9,9%», explicó Nacho Arroyuelos, portavoz de la asociación.
El colectivo se aferra a una sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que sentó un precedente en 2005 al dar la razón a los vecinos de la localidad de Xábia, lo que se tradujo en una rebaja de los impuestos.









