VIZCAYA
El PP registra su demanda de comisión de investigación
27.02.08 -
El Partido Popular abandonó el 29 de enero el despacho donde se desarrolló la primera comparecencia de Ibon Areso y Jon Sustatxa con la conclusión de que se hacía necesario profundizar más en la investigación, dado que los socios del Gabinete-Azkuna «han recurrido en todo momento a respuestas evasivas y vacías de contenido».
Entonces ya avanzó su propósito de instar a un posicionamiento plenario que implique la constitución de una comisión para analizar la ejecución del polideportivo y el aparcamiento de La Peña, así como el rescate de la concesión de 58 parcelas que se propone hacer efectivo el Ayuntamiento para instalar un archivo de documentos en el subterráneo. La propuesta ya se ha materializado, y será debatida mañana en el salón de gobierno del Consistorio bilbaíno.
«Está en juego el uso que se ha dado al dinero público -subrayó Antonio Basagoiti-, y lo único que se ha conseguido es reforzar la idea de que existe algo raro en toda esta operación». Para fundamentar su iniciativa, el líder popular sostiene que hay demasiados interrogantes sin respuesta. Se trata, añade, de una actua- ción que «ha costado a los ciudadanos 1,7 millones de euros más de lo estipulado inicialmente, motivo de suficiente gravedad como para que se apruebe esta comisión».
Entonces ya avanzó su propósito de instar a un posicionamiento plenario que implique la constitución de una comisión para analizar la ejecución del polideportivo y el aparcamiento de La Peña, así como el rescate de la concesión de 58 parcelas que se propone hacer efectivo el Ayuntamiento para instalar un archivo de documentos en el subterráneo. La propuesta ya se ha materializado, y será debatida mañana en el salón de gobierno del Consistorio bilbaíno.
«Está en juego el uso que se ha dado al dinero público -subrayó Antonio Basagoiti-, y lo único que se ha conseguido es reforzar la idea de que existe algo raro en toda esta operación». Para fundamentar su iniciativa, el líder popular sostiene que hay demasiados interrogantes sin respuesta. Se trata, añade, de una actua- ción que «ha costado a los ciudadanos 1,7 millones de euros más de lo estipulado inicialmente, motivo de suficiente gravedad como para que se apruebe esta comisión».
