
Los vecinos, que han recurrido incluso a la Unión Europea para frenar el proyecto, tomaron la decisión de comenzar con sus protestas en el transcurso de una reunión que mantuvieron el pasado lunes. «Todavía no queremos hacer públicas las fechas ni tampoco cómo se desarrollarán estas manifestaciones, pero en breve podremos ofrecer más datos al respecto», se limitó a señalar la misma fuente consultada.
Los residentes en la zona de la Plaza del Gas y Zumalacárregui se sienten defraudados por «la actitud» y respuesta que han recibido por parte del Consistorio. «Nos han mandado un escrito en el que rechazan las cuatro posibles soluciones que les planteábamos», se quejaron. Su malestar con el alcalde, con quien se reunieron el pasado viernes, es también evidente. Iñaki Azkuna ya les advirtió de que les recibía «porque se escucha a todo el mundo», pero que la situación era muy complicada al existir una sentencia firme de por medio.
El colectivo, sin embargo, continúa pensando que sus propuestas son factibles. En primer lugar, exigieron al primer edil que negociara un acuerdo económico con Funeraria Bilbaína para sacar del casco urbano el horno incinerador.
Expropiación
En caso de que la empresa de pompas fúnebres no se aviniera a un pacto, el Consistorio, siempre según los vecinos, debería denunciar la «ilegalidad» tanto del crematorio como del tanatorio por dos razones: estar ubicados en una zona calificada como no industrial y por carecer de «una autorización» que estipula la normativa de Policía Mortuoria aprobada por el Gobierno vasco en 2004. Desde Urbanismo ya advirtieron el mismo día de la reunión que Funeraria Bilbaína cumple con la ley.
En último extremo, el colectivo de afectados pidió al Consistorio la expropiación forzosa del edificio destinado a albergar el futuro horno. «Sería una opción costosa, pero creemos que se trata de una buena idea», precisaron.









