Ante este reiterado malestar, el PSE-EE ha presentado una iniciativa en la Cámara foral para que la Diputación controle que alimentación «es acorde a las necesidades de los ancianos», dice la juntera Loli Escudero. ¿Cómo? Mediante la elaboración de «un catálago de menús del tipo que se realizan en las residencias de mayores de gestión directa».
Ariznabarra, cuyos empleados protagonizan ahora una nueva huelga, es un geriátrico de titularidad pública, pero está gestionado por Maphre-Quavitae. Esta firma dependiente de Caja Madrid realizó una inversión de 7,5 millones de euros para su construcción, lo que le da derecho a explotar este negocio durante 45 años.
Esta fórmula mixta implica que los residentes ingresan en el centro a través de la lista de espera de la Diputación. Es decir, la tarifa que abonan es idéntica a la que pagan los usuarios de la red foral. Por ello, Escudero exige «identica calidad de atención».
Además de mejoras en la alimentación, los socialistas piden «la reparación de instalaciones deterioradas» y que se realicen «inspecciones al menos una vez al mes». Escudero no oculta que esta residencia no agrada a su partido. «Lo dijimos en su día y lo reiteramos. No compartimos este modelo que planificó el PNV y materalizó el PP».





