ANÁLISIS
Cuatro mujeres
29.02.08 -
Cuatro mujeres muertas en los titulares de los periódicos y en las cabeceras de los telediarios han obligado a los candidatos a cambiar la agenda electoral de forma repentina. De la noche a la mañana han tenido que poner propuestas encima de la mesa para demostrar su capacidad de reaccionar ante los imprevistos dramáticos, aunque esas propuestas parezcan más una forma de ganar tiempo y salir del apuro que otra cosa.
El asesinato de esas cuatro mujeres -Laura, Victoria, Virma y María Jesús- en apenas veinticuatro horas ha hecho que la violencia machista se convierta en el eje de la campaña electoral al menos durante un día: ahí están las declaraciones de condena, los anuncios de soluciones improvisados y, sobre todo, los desahogos. Calificar de terrorismo a la violencia machista puede ser un desahogo emocional, pero no es un análisis acertado del problema y si el diagnóstico está equivocado, las soluciones no serán apropiadas.
El terrorista coloca una bomba en una empresa para atemorizar a todos los empresarios o atenta contra un cargo público para intimidar a todos sus iguales y conseguir que se rindan políticamente, pero el hombre que mata a su pareja no quiere aterrorizar a ninguna otra mujer, no entra en sus planes extender el miedo a ningún grupo social atacando a uno de los miembros de ese colectivo. Esa circunstancia no disminuye lo más mínimo la gravedad de la acción del asesino de mujeres, pero lo suyo no es terrorismo. A la vista está que a los que piden la misma intensidad en la lucha contra la violencia machista que contra ETA no se les ocurre reclamar el diálogo con los agresores como reclaman en el caso del terrorismo.
Los candidatos elevan el tono de voz prometiendo o reclamando nuevas soluciones quizás para que no se note que no hay una solución definitiva al problema. Hace apenas cuatro años se creyó que una ley apropiada lo arreglaría todo y se puso en ella una esperanza casi mágica, pero la ley, que era necesaria aunque no suficiente, ni siquiera ha sido capaz de hacer que descienda el número de mujeres asesinadas por sus parejas.
La experiencia de otros países que nos llevan décadas de ventaja en el desarrollo de políticas de igualdad nos revela que el problema sigue sin resolverse y que sus niveles de violencia doméstica no tienen nada que envidiar a los españoles. Ser conscientes de esa realidad adversa no es motivo para la inacción ni debe ser obstáculo para revisar las medidas aplicadas hasta ahora y, a la luz de la experiencia, modificarlas o desarrollar otras nuevas con más recursos o con lo que haga falta, pero sin prometer ninguna panacea.
El asesinato de esas cuatro mujeres -Laura, Victoria, Virma y María Jesús- en apenas veinticuatro horas ha hecho que la violencia machista se convierta en el eje de la campaña electoral al menos durante un día: ahí están las declaraciones de condena, los anuncios de soluciones improvisados y, sobre todo, los desahogos. Calificar de terrorismo a la violencia machista puede ser un desahogo emocional, pero no es un análisis acertado del problema y si el diagnóstico está equivocado, las soluciones no serán apropiadas.
El terrorista coloca una bomba en una empresa para atemorizar a todos los empresarios o atenta contra un cargo público para intimidar a todos sus iguales y conseguir que se rindan políticamente, pero el hombre que mata a su pareja no quiere aterrorizar a ninguna otra mujer, no entra en sus planes extender el miedo a ningún grupo social atacando a uno de los miembros de ese colectivo. Esa circunstancia no disminuye lo más mínimo la gravedad de la acción del asesino de mujeres, pero lo suyo no es terrorismo. A la vista está que a los que piden la misma intensidad en la lucha contra la violencia machista que contra ETA no se les ocurre reclamar el diálogo con los agresores como reclaman en el caso del terrorismo.
Los candidatos elevan el tono de voz prometiendo o reclamando nuevas soluciones quizás para que no se note que no hay una solución definitiva al problema. Hace apenas cuatro años se creyó que una ley apropiada lo arreglaría todo y se puso en ella una esperanza casi mágica, pero la ley, que era necesaria aunque no suficiente, ni siquiera ha sido capaz de hacer que descienda el número de mujeres asesinadas por sus parejas.
La experiencia de otros países que nos llevan décadas de ventaja en el desarrollo de políticas de igualdad nos revela que el problema sigue sin resolverse y que sus niveles de violencia doméstica no tienen nada que envidiar a los españoles. Ser conscientes de esa realidad adversa no es motivo para la inacción ni debe ser obstáculo para revisar las medidas aplicadas hasta ahora y, a la luz de la experiencia, modificarlas o desarrollar otras nuevas con más recursos o con lo que haga falta, pero sin prometer ninguna panacea.
