ÁLAVA
Ariznabarra, la única abierta en siete años
03.03.08 -
La última residencia pública abierta en Vitoria es la de Ariznabarra, con 140 plazas y 60 en el centro de día. Se inauguró en 2001. La ciudad tenía 13.987 mayores de 75 años, 3.800 menos que ahora.
La puesta en marcha de este geriátrico por parte de un Gobierno PNV-EA, y materializada por un Ejecutivo foral del PP, supuso un punto de inflexión en la política social alavesa. La Diputación evitó gastar más de 6 millones de euros en construir un edificio y buscó quien lo financiara, a cambio de darle la gestión y garantizarle los usuarios durante 45 años. Eligió a la firma Quavitae, ahora Maphre-Quavitae, dependiente de Caja Madrid.
El resultado de la experiencia no ha sido bueno. De hecho, los tres centros en proyecto van a ser eminentemente públicos. Y es que entre 2002 y 2003, los 125 empleados de Ariznabarra estuvieron ocho meses de huelga. Al final, la Diputación tuvo que acceder a modificar el contrato con la empresa, para garantizarle el mismo beneficio, pese a la subida salarial del 121% que planteó el mediador designado por el Gobierno vasco para poner fin al conflicto.
Los trabajadores ahora vuelven a estar en huelga. Aspiran a que sus salarios, muy inferiores a los de los empleados forales, se vayan equiparando a los de éstos porque también ellos trabajan en un centro de titularidad pública.
La puesta en marcha de este geriátrico por parte de un Gobierno PNV-EA, y materializada por un Ejecutivo foral del PP, supuso un punto de inflexión en la política social alavesa. La Diputación evitó gastar más de 6 millones de euros en construir un edificio y buscó quien lo financiara, a cambio de darle la gestión y garantizarle los usuarios durante 45 años. Eligió a la firma Quavitae, ahora Maphre-Quavitae, dependiente de Caja Madrid.
El resultado de la experiencia no ha sido bueno. De hecho, los tres centros en proyecto van a ser eminentemente públicos. Y es que entre 2002 y 2003, los 125 empleados de Ariznabarra estuvieron ocho meses de huelga. Al final, la Diputación tuvo que acceder a modificar el contrato con la empresa, para garantizarle el mismo beneficio, pese a la subida salarial del 121% que planteó el mediador designado por el Gobierno vasco para poner fin al conflicto.
Los trabajadores ahora vuelven a estar en huelga. Aspiran a que sus salarios, muy inferiores a los de los empleados forales, se vayan equiparando a los de éstos porque también ellos trabajan en un centro de titularidad pública.
