
La Administración foral y la municipal admiten que carece de lógica desaprovechar estos dos pisos, donde pueden habilitarse cincuenta plazas. Sin embargo, no han sido capaces de alcanzar un acuerdo. El entendimiento ni siquiera ha sido posible durante los ocho años en los que el PP ha gobernado las dos instituciones. ¿El motivo? Dos formas diferentes de ver el futuro de este centro.
Desde hace años, la Diputación -institución a quien compete atender a los ancianos asistidos- aboga por mantener a los abuelos en sus casas con las ayudas necesarias el mayor tiempo posible. Por ello, censura la política municipal de tener una residencia para abuelos con cierto grado de independencia. El Consistorio sostiene que precisa de San Prudencio para jubilados sin respaldo familiar o con casas en malas condiciones, al margen de su estado físico o psíquico.
Además, discuten sobre quién debe financiar la transformación de las dos plantas. El Ayuntamiento quiere que lo haga la Diputación porque se destinaría a personas dependientes. La Administración foral cree que le corresponde hacerlo al Consistorio por ser suyo el inmueble.
Tras varios encuentros entre la diputada Covadonga Solaguren (PNV), y el concejal del PSE Peio López de Munain, éste se muestra convencido de que la negociación llegará a buen puerto. «Habrá solución en dos o tres meses», promete.





