ÁLAVA
Álava sufragará las ayudas si no lo hace el Gobierno
04.03.08 -
Los herederos de los cinco trabajadores fallecidos durante una asamblea obrera celebrada el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria han encontrado en la nueva ley de Memoria Histórica un soporte legal para exigir responsabilidades, al menos económicas, por lo ocurrido en aquella luctuosa jornada. Y es que estas cinco víctimas forman parte de un grupo de medio centenar que en su conjunto recibirán 135.000 euros.
Caso aparte son las personas que resultaron heridas de diversa consideración y que también exigen indemnizaciones a las instituciones públicas. La ley contempla ayudas para aquellas personas que sufrieron lesiones invalidantes, pero su cuantía no se conocerá hasta que en el plazo de seis meses, el Gobierno central desarrolle la normativa a través de un real decreto.
Será a finales de junio cuando el Ejecutivo publique el importe de las indemnizaciones. De no ser así, la Diputación tomará la iniciativa para sufragar por sí sola las ayudas. Así lo adelantó ayer el diputado general, el peneuvista Xabier Agirre, quien pidió un «poco de tiempo» para comprobar si se cumplen los plazos marcados en la ley.
Agirre anunció este compromiso en las Juntas, después de que el procurador de ANV Iñaki Usategi recordará al equipo de gobierno que ya en 2003, la Cámara alavesa aprobó una indemnización de estas características. Usategi también exigió al diputado general que pida al Departamento vasco de Interior que retire la «denuncia» interpuesta contra varios manifestantes que «sufrieron» una carga de la Ertzaintza en la conmemoración del 3 de marzo de 2006. Agirre, por su parte, negó que se tratara de una denuncia y acusó a ANV de «apropiarse» de las víctimas.
Caso aparte son las personas que resultaron heridas de diversa consideración y que también exigen indemnizaciones a las instituciones públicas. La ley contempla ayudas para aquellas personas que sufrieron lesiones invalidantes, pero su cuantía no se conocerá hasta que en el plazo de seis meses, el Gobierno central desarrolle la normativa a través de un real decreto.
Será a finales de junio cuando el Ejecutivo publique el importe de las indemnizaciones. De no ser así, la Diputación tomará la iniciativa para sufragar por sí sola las ayudas. Así lo adelantó ayer el diputado general, el peneuvista Xabier Agirre, quien pidió un «poco de tiempo» para comprobar si se cumplen los plazos marcados en la ley.
Agirre anunció este compromiso en las Juntas, después de que el procurador de ANV Iñaki Usategi recordará al equipo de gobierno que ya en 2003, la Cámara alavesa aprobó una indemnización de estas características. Usategi también exigió al diputado general que pida al Departamento vasco de Interior que retire la «denuncia» interpuesta contra varios manifestantes que «sufrieron» una carga de la Ertzaintza en la conmemoración del 3 de marzo de 2006. Agirre, por su parte, negó que se tratara de una denuncia y acusó a ANV de «apropiarse» de las víctimas.
