ÁLAVA
La Policía Municipal admite que carece de efectivos para vigilar todos los colegios
La Guardia Urbana da prioridad a 20 centros escolares, donde realizó 4.500 actuaciones de tráfico y 152 por consumo de droga en 2007
11.03.08 -
Dos policías patrullan una zona cercana a un colegio. / J. ANDRADE
La Policía Local carece de efectivos suficientes para garantizar la vigilancia y la seguridad en todos los colegios de la ciudad. Así lo admitió ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Bully, tras asegurar que «algunas veces no llegamos a todo lo necesario» y desear que la situación mejore con la incorporación de 73 nuevos agentes a la plantilla.
El edil socialista realizó estas declaraciones después de que la concejala popular Marian Castellanos pidiera más vigilancia ante la «alarma social» surgida, en su opinión, por la agresión hace unos días a un alumno de Marianistas en el patio del centro.
«Fue condenable y preocupante, pero puntual», replicó Bully, quien añadió que, al producirse «fuera del horario de clase, nos dificulta la vigilancia». Aunque prometió prestar «una atención especial para que no se repita», reconoció que con los actuales recursos que tiene la Guardia Urbana «priorizamos la presencia policial por zonas, en función de la peligrosidad viaria, del número de alumnos y otros detalles. Porque es imposible cubrir las entradas, salidas y recreos y alcanzar la celeridad deseada».
Una actuación que en la actiualidad se centra en veinte centros escolares de la ciudad, donde el año pasado realizaron un total de 4.500 actuaciones para regular el tráfico e identificaron a 152 personas por consumo o posesión de drogas.
Enfrentamiento PSE-PP
El control del tráfico de estupefacientes en los colegios motivó un agrio enfrentamiento entre Bully y Castellanos. La edil popular aseguró que hace unos días una escuela pública avisó a Aguirrelanda para «denunciar que había un traficante conocido a menos de veinte metros y nadie se dignó a acudir». La crítica no gustó nada al edil socialista, quien le exigió que «si conoce la existencia de un traficante, tenga la decencia de no cubrir un delito. Cualquier ciudadano que sepa que se está haciendo algo de estas características no lo puede encubrir».
Estas palabras le merecieron el reproche de la presidenta de la comisión de Función Pública, la popular Idoia Garmendia, quien le pidió que «retirara la acusación». En su lugar, Bully anunció que los hechos denunciados por Castellanos se produjeron «el 7 de marzo y en cuanto se recibió la llamada una patrulla fue al colegio. Ahora se está investigando y buscando al sospechoso».
El concejal de Seguridad Ciudadana recordó además su intención de recuperar la figura del policía de barrio «esta legislatura, aunque por ahora nos gustaría hacer un estudio previo para ver cuántos agentes serían necesarios y en qué zonas». Por último, anunció que preguntará a la Ertzaintza los motivos por los que no deja pernoctar en la academia de Arkaute a los 73 futuros agentes de la Policía Municipal, como desveló EL CORREO.
El edil socialista realizó estas declaraciones después de que la concejala popular Marian Castellanos pidiera más vigilancia ante la «alarma social» surgida, en su opinión, por la agresión hace unos días a un alumno de Marianistas en el patio del centro.
«Fue condenable y preocupante, pero puntual», replicó Bully, quien añadió que, al producirse «fuera del horario de clase, nos dificulta la vigilancia». Aunque prometió prestar «una atención especial para que no se repita», reconoció que con los actuales recursos que tiene la Guardia Urbana «priorizamos la presencia policial por zonas, en función de la peligrosidad viaria, del número de alumnos y otros detalles. Porque es imposible cubrir las entradas, salidas y recreos y alcanzar la celeridad deseada».
Una actuación que en la actiualidad se centra en veinte centros escolares de la ciudad, donde el año pasado realizaron un total de 4.500 actuaciones para regular el tráfico e identificaron a 152 personas por consumo o posesión de drogas.
Enfrentamiento PSE-PP
El control del tráfico de estupefacientes en los colegios motivó un agrio enfrentamiento entre Bully y Castellanos. La edil popular aseguró que hace unos días una escuela pública avisó a Aguirrelanda para «denunciar que había un traficante conocido a menos de veinte metros y nadie se dignó a acudir». La crítica no gustó nada al edil socialista, quien le exigió que «si conoce la existencia de un traficante, tenga la decencia de no cubrir un delito. Cualquier ciudadano que sepa que se está haciendo algo de estas características no lo puede encubrir».
Estas palabras le merecieron el reproche de la presidenta de la comisión de Función Pública, la popular Idoia Garmendia, quien le pidió que «retirara la acusación». En su lugar, Bully anunció que los hechos denunciados por Castellanos se produjeron «el 7 de marzo y en cuanto se recibió la llamada una patrulla fue al colegio. Ahora se está investigando y buscando al sospechoso».
El concejal de Seguridad Ciudadana recordó además su intención de recuperar la figura del policía de barrio «esta legislatura, aunque por ahora nos gustaría hacer un estudio previo para ver cuántos agentes serían necesarios y en qué zonas». Por último, anunció que preguntará a la Ertzaintza los motivos por los que no deja pernoctar en la academia de Arkaute a los 73 futuros agentes de la Policía Municipal, como desveló EL CORREO.
