El acuerdo adoptado en la Cámara afecta a un tributo que se remonta a 1989 y que permite a los ayuntamientos gravar hasta un 5% el coste de cualquier edificación. Este impuesto, cuya base impositiva es el coste final de la construcción, deja sustanciasos ingresos en la gran mayoría de los municipios vizcaínos. En su apartado cuarto, sin embargo, establece varias bonificaciones. La más significativa es la deducción de hasta el 50% en la liquidación de los proyectos de VPO.
También para los tasados
Con los nuevos cambios que se pretende introducir, la rebaja en las obras de este tipo de vivienda protegida pasan de la mitad a un máximo del 95%. Asimismo, la norma contemplará también una exención de hasta el 50% para los pisos tasados, cuya competencia recae en la Diputación y en los ayuntamientos. Por último, se mejora las rebajas por otro tipo de obras que sean calificadas de interés cultural: equipamientos, pisos temporales de acogida y mejoras en la accesibilidad, entre otras.
Ezker Batua y el Partido Popular defendieron este tipo de medidas, a las que se acabaron sumando el resto de los partidos. En un primer momento, el PNV, como ya hiciera en un pleno celebrado el pasado mes de enero, anunció que no votaría a favor porque consideraba que suponía una injerencia en la autonomía municipal, ya que son los consistorios los encargados de gestionar este impuesto. Sin embargo, al ver que sería el único grupo en no apoyar la iniciativa, los nacionalistas pidieron un receso para poder negociar una enmienda técnica transaccional que suponía retocar ligeramente el texto propuesto. Finalmente, el voto favorable fue unánime en el foro.










