El peso de las órdenes judiciales obliga a los regidores de Arnuero y Argoños a intentar adjudicar los derribos, aunque ambos se han mostrado abiertos a encontrar soluciones alternativas.
Lo que «peor» llevan los afectados es la «incertidumbre» de no saber cuál será el destino de sus viviendas. «Con los nuevos planes generales muchas de las urbanizaciones podrían salvarse, pero nunca sabes. Cuando vemos que ninguna empresa se presenta a los concursos, al menos respiras un poco», contó una propietaria de la promoción Las Llamas II, compuesta por 22 adosados.









