INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Imputan al anterior equipo de gobierno de Castro por posible prevaricación en las obras del túnel de Mioño
El alcalde, Fernando Muguruza, es uno de los que serán citados a declarar en las próximas semanas
28.03.08 - 14:26 -
Documentos incautados tras el registro llevado a cabo ayer en el Ayuntamiento de Castro. / Efe
La investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales en el Ayuntamiento de la villa se refiere a un posible delito de prevaricación en torno a la contratación de las obras del túnel de Mioño en el que se imputa a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que regía entonces el Consistorio, algunos de los cuales siguen a día de hoy en el equipo de gobierno, entre ellos, el alcalde, Fernando Muguruza.
Así, la querella se dirige contra el actual alcalde del municipio, Fernando Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC, aunque desde el 2007 está expulsado del partido; el primer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez (PP), y el concejal de Obras en aquellas fechas, Salvador Hierro (IU). También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago Vélez, de IU.
Todos ellos han sido citados a declarar en las próximas semanas, así como los impulsores de la denuncia, para que se ratifiquen en ella, según han informado fuentes judiciales. Se da el caso de que entre los promotores de la denuncia -presentada por varios concejales en septiembre de 2006-, hay alguno que en la actualidad es miembro del equipo de Gobierno castreño, en coalición con parte de los ahora imputados.
La denuncia se dirigió inicialmente contra dos concejales, Jaime Díez Muro (PRG) y Salvador Hierro (IU), este último por entonces concejal de Obras y en la actualidad edil en la oposición, por haber adjudicado "a dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño. No obstante, el juez ha decidido ampliar la imputación al resto de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura.
También deberán declarar los cinco concejales que presentaron la denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales miembros del equipo de gobierno, Rufino Díaz Helguera, quien entonces formaba parte de la oposición como edil no adscrito.
Registro en el Consistorio
De estas diligencias se deriva la actuación realizada ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio. Los agentes de la Policía Judicial obtuvieron la información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las dependencias, explica el TSJC.
Durante la instrucción se han detectado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo estudiada, añade el Tribunal Superior.
La Fiscalía de Cantabria pidió en septiembre de 2006 al Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la adjudicación de esa obra. El Ministerio Público determinó entonces que los trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o contrato presentado por la empresa.
La Fiscalía comprobó que el apoderado de IZETA, Juan Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el Ayuntamiento y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato. Todas las negociaciones se llevaron personalmente entre el gerente de IZETA y el concejal de Obras.
El juez que instruye el caso ya ha tomado declaración en calidad de testigo al interventor del Ayuntamiento, que formuló en su día un informe de reparo contra el pago de esos trabajos, en el que se ponían de manifiesto "las irregularidades cometidas", según explicaba la Fiscalía en su denuncia inicial, de septiembre de 2006.
