ÁLAVA
Las Juntas piden crear un centro para presos con problemas graves de salud
01.04.08 -
Fue una fotografía inédita en lo que va de legislatura y quizá no vuelva a producirse. Pero ayer, las Juntas Generales pidieron de forma unánime -desde el PP a ANV- la creación de un centro especializado de acogida que albergue a los presos del penal de Nanclares cuyo estado de salud sea muy grave al padecer enfermedades incurables. Ahora, según reza en la enmienda transaccional acordada por todos los grupos y que nació de una iniciativa de Aralar, es la Diputación alavesa la que en colaboración con el Gobierno vasco y con los ejecutivos forales de Vizcaya y Guipúzcoa tendrá que «estudiar seriamente» la medida.
La iniciativa, además, solicita al Gabinete Agirre que mientras se proyecta y habilita este centro, se amplíen «por razones humanitarias y de dignidad» los recursos sociales existentes en la actualidad para dar salida a enfermos que ahora no cuentan con otra alternativa que permanecer los últimos días de su vida en dependencias penitenciaras. Al igual que el apartado anterior, cualquier decisión debe ser consensuada con los otros territorios ya que, por ejemplo, muchos de los internos de Nanclares proceden de Vizcaya.
Pese a que el acuerdo fue ratificado por el arco parlamentario alavés (PP, PSE, PNV, ANV, EA, EB y Aralar), cada grupo aprovechó su intervención para defender unos postulados ya conocidos. Fue el caso del PNV o de EA, que exigieron la transferencia competencial en materia de prisiones, o de ANV, que denunció que «los Estados español y francés utilizan este tema para confundir los objetivos de Euskal Herria».
El discurso de populares y socialistas, por contra, fue encaminado a criticar la gestión del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, por su negativa a renovar el convenio marco de colaboración suscrito con el Gobierno central desde 1994 para hacer frente a este tipo de necesidades sociales y sanitarias, y que reportaba a Euskadi más de 400.000 euros anuales.
Desde las filas de Aralar, su portavoz, Iñaki Aldekoa, advirtió de que los legisladores se equivocan si creen que metiendo a más gente en la cárcel, se solucionan antes los problemas sociales.
La iniciativa, además, solicita al Gabinete Agirre que mientras se proyecta y habilita este centro, se amplíen «por razones humanitarias y de dignidad» los recursos sociales existentes en la actualidad para dar salida a enfermos que ahora no cuentan con otra alternativa que permanecer los últimos días de su vida en dependencias penitenciaras. Al igual que el apartado anterior, cualquier decisión debe ser consensuada con los otros territorios ya que, por ejemplo, muchos de los internos de Nanclares proceden de Vizcaya.
Pese a que el acuerdo fue ratificado por el arco parlamentario alavés (PP, PSE, PNV, ANV, EA, EB y Aralar), cada grupo aprovechó su intervención para defender unos postulados ya conocidos. Fue el caso del PNV o de EA, que exigieron la transferencia competencial en materia de prisiones, o de ANV, que denunció que «los Estados español y francés utilizan este tema para confundir los objetivos de Euskal Herria».
El discurso de populares y socialistas, por contra, fue encaminado a criticar la gestión del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, por su negativa a renovar el convenio marco de colaboración suscrito con el Gobierno central desde 1994 para hacer frente a este tipo de necesidades sociales y sanitarias, y que reportaba a Euskadi más de 400.000 euros anuales.
Desde las filas de Aralar, su portavoz, Iñaki Aldekoa, advirtió de que los legisladores se equivocan si creen que metiendo a más gente en la cárcel, se solucionan antes los problemas sociales.
