'CASO MARI LUZ'
El Poder Judicial dice que el sistema no está «preparado» contra el delito sexual
Expertos proponen el tratamiento hormonal consentido tras cumplir la pena
EL JUEZ Rafael Tirado está en el centro de la polémica. / E. C.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, reconoció ayer sin ambages que la Justicia española «no está preparadas» para combatir «eficazmente» la delincuencia sexual, un problema que ha quedado trágicamente de manifiesto con el crimen de la niña Mari Luz Cortes. A su modo de ver, el presunto asesino de la menor, Santiago del Valle, debería figurar cuanto antes en un registro general de criminales sexuales, en el que serían incluidos otros individuos como él, sin esperar siquiera a que sus condenas sean firmes.
En este sentido, un grupo de expertos convocados por la Fiscalía de Cataluña y la consejería autonómica de Justicia -bajo la presidencia del ex fiscal José María Mena- presentó ayer un decálogo que incluye el 'tratamiento hormonal consentido' para violadores que hayan cumplido condena y presenten riesgo de reincidencia. También propone la libertad vigilada tras la excarcelación y que se tomen muestras de ADN a estas personas para que sepan que si reinciden serán descubiertas.
El 'caso Mari Luz', y la violenta reacción de los vecinos de Huelva, han desatado un terremoto en la judicatura española. La comisión permanente del Poder Judicial ordenará previsiblemente hoy que se incoe un expediente con carácter de urgencia. Al mismo tiempo, una comisión especial de la Fiscalía General del Estado se reunirá mañana para evitar que se repitan los «errores cometidos» y para estudiar «medidas eficientes» contra los responsables de delitos sexuales. «Se detecta una reiteración de conductas delictivas antes y después de la ejecución de las penas impuestas», señaló la Fiscalía en una nota.
El propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, telefoneó ayer al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, para garantizar que el servicio de inspección investigará «hasta el final» por qué Santiago del Valle pudo cometer el crimen, a pesar de que, entre otras resoluciones judiciales, tenía pendiente una condena de dos años por haber abusado de su propia hija. Hernando se ofreció a recibir a la familia Cortés en la sede del Poder Judicial para informarles personalmente sobre las pesquisas abiertas sobre el juez Rafael Tirado y sobre los funcionarios del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no ejecutó la pena de prisión que él mismo impuso a Del Valle.
Tirado achaca los problemas del juzgado a una baja cogida por una funcionaria, pero ayer guardó silencio y se limitó a indicar que los documentos archivados en las dependencias judiciales aclararán lo que ha ocurrido. Sin embargo, la Junta de Andalucía replicó que la responsabilidad recae por entero en el juez, porque, tras haber condenado al pederasta y haber pedido que se averiguara su paradero, sólo se acordó de él dos años después, cuando lo vio por televisión el pasado jueves.
«La lógica directa»
En este sentido, no sólo el Poder Judicial examinará detenidamente la actuación de Rafael Tirado, que ya fue sancionado en 1990 por retrasos injustificados y ha sido objeto de otra inspección el pasado año. Según el Enrique López, lo previsible es que la Fiscalía también abra diligencias contra el magistrado y contra el secretario del juzgado. «La lógica directa es buscar responsabilidades y depurarlas», reconoció el portavoz del CGPJ.
De hecho, un inspector viajó el pasado viernes a Sevilla para reunir datos sobre el trabajo de Tirado. Este funcionario informará hoy a la comisión permanente del Poder Judicial. No obstante, Enrique López aseguró que el 'caso Mari Luz' trasciende las deficiencias de un órgano judicial concreto. En su opinión, el asesinato de la menor también ha dejado al descubierto fallos de la legislación penal, ya que «trata por igual un robo con fuerza que un abuso sexual».
El portavoz explicó que el asesino de Mari Luz es «un perverso sexual», pero también un enfermo esquizofrénico, lo que atenúa su culpabilidad, pero no su peligrosidad, que «sigue siendo extrema». López, perteneciente al sector conservador del CGPJ, es partidario de abrir un debate sobre la cadena perpetua en España, pero esa iniciativa le granjeó ayer las críticas de seis vocales progresistas del Consejo todos los que fueron designados a propuesta del PSOE menos Javier Martínez Lázaro. Ese colectivo calificó la propuesta de «extravagante» y contraria al espíritu de la Constitución.
El secretario de Estado de Justicia en funciones, Julio Pérez, no descartó la creación de un registro de pederastas, pero recalcó que lo más urgente es determinar qué ha pasado en el 'caso Mari Luz'. Por su parte, el nuevo portavoz del grupo socialista en el Congreso, el ex ministro José Antonio Alonso, magistrado de profesión, reclamó al Poder Judicial que proporcione todas «las explicaciones pertinentes» y que indique, en particular, por qué no se detectó nada en la inspección realizada el pasado año.
En este sentido, un grupo de expertos convocados por la Fiscalía de Cataluña y la consejería autonómica de Justicia -bajo la presidencia del ex fiscal José María Mena- presentó ayer un decálogo que incluye el 'tratamiento hormonal consentido' para violadores que hayan cumplido condena y presenten riesgo de reincidencia. También propone la libertad vigilada tras la excarcelación y que se tomen muestras de ADN a estas personas para que sepan que si reinciden serán descubiertas.
El 'caso Mari Luz', y la violenta reacción de los vecinos de Huelva, han desatado un terremoto en la judicatura española. La comisión permanente del Poder Judicial ordenará previsiblemente hoy que se incoe un expediente con carácter de urgencia. Al mismo tiempo, una comisión especial de la Fiscalía General del Estado se reunirá mañana para evitar que se repitan los «errores cometidos» y para estudiar «medidas eficientes» contra los responsables de delitos sexuales. «Se detecta una reiteración de conductas delictivas antes y después de la ejecución de las penas impuestas», señaló la Fiscalía en una nota.
El propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, telefoneó ayer al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, para garantizar que el servicio de inspección investigará «hasta el final» por qué Santiago del Valle pudo cometer el crimen, a pesar de que, entre otras resoluciones judiciales, tenía pendiente una condena de dos años por haber abusado de su propia hija. Hernando se ofreció a recibir a la familia Cortés en la sede del Poder Judicial para informarles personalmente sobre las pesquisas abiertas sobre el juez Rafael Tirado y sobre los funcionarios del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no ejecutó la pena de prisión que él mismo impuso a Del Valle.
Tirado achaca los problemas del juzgado a una baja cogida por una funcionaria, pero ayer guardó silencio y se limitó a indicar que los documentos archivados en las dependencias judiciales aclararán lo que ha ocurrido. Sin embargo, la Junta de Andalucía replicó que la responsabilidad recae por entero en el juez, porque, tras haber condenado al pederasta y haber pedido que se averiguara su paradero, sólo se acordó de él dos años después, cuando lo vio por televisión el pasado jueves.
«La lógica directa»
En este sentido, no sólo el Poder Judicial examinará detenidamente la actuación de Rafael Tirado, que ya fue sancionado en 1990 por retrasos injustificados y ha sido objeto de otra inspección el pasado año. Según el Enrique López, lo previsible es que la Fiscalía también abra diligencias contra el magistrado y contra el secretario del juzgado. «La lógica directa es buscar responsabilidades y depurarlas», reconoció el portavoz del CGPJ.
De hecho, un inspector viajó el pasado viernes a Sevilla para reunir datos sobre el trabajo de Tirado. Este funcionario informará hoy a la comisión permanente del Poder Judicial. No obstante, Enrique López aseguró que el 'caso Mari Luz' trasciende las deficiencias de un órgano judicial concreto. En su opinión, el asesinato de la menor también ha dejado al descubierto fallos de la legislación penal, ya que «trata por igual un robo con fuerza que un abuso sexual».
El portavoz explicó que el asesino de Mari Luz es «un perverso sexual», pero también un enfermo esquizofrénico, lo que atenúa su culpabilidad, pero no su peligrosidad, que «sigue siendo extrema». López, perteneciente al sector conservador del CGPJ, es partidario de abrir un debate sobre la cadena perpetua en España, pero esa iniciativa le granjeó ayer las críticas de seis vocales progresistas del Consejo todos los que fueron designados a propuesta del PSOE menos Javier Martínez Lázaro. Ese colectivo calificó la propuesta de «extravagante» y contraria al espíritu de la Constitución.
El secretario de Estado de Justicia en funciones, Julio Pérez, no descartó la creación de un registro de pederastas, pero recalcó que lo más urgente es determinar qué ha pasado en el 'caso Mari Luz'. Por su parte, el nuevo portavoz del grupo socialista en el Congreso, el ex ministro José Antonio Alonso, magistrado de profesión, reclamó al Poder Judicial que proporcione todas «las explicaciones pertinentes» y que indique, en particular, por qué no se detectó nada en la inspección realizada el pasado año.
