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LA RIOJA
Los compradores de garajes de Gran Vía asumen haber sido estafados
Uno de los procesados llegó a vender tres plazas de aparcamiento a un hermano suyo y otras dos a su yerno
02.04.08 -

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Los compradores de garajes de Gran Vía asumen haber sido estafados
Ayer se practicó la prueba testifical y mañana concluirá el juicio con los informes. / SERGIO ESPINOSA
Los compradores de las plazas de aparcamiento en Gran Vía mostraron ayer su resignación ante la estafa de que fueron víctimas y coincidieron en señalar en su declaración ante el plenario de la Audiencia que se fiaron de los vendedores «por tratarse de conocidos empresarios logroñeses». Esta circunstancia les llevó a no exigir ningún tipo de acreditación, documentación o recibo, como tampoco hoy reclaman absolutamente nada a aquellos amigos que en su momento les pusieron en la órbita de esta compra, gestionándoles y tramitándoles la adquisición de la plaza de garaje previa entrega de una suma en efectivo.

Era tal la confianza, que hasta un funcionario municipal al que su futuro consuegro le puso en la pista tras haber adquirido varias plazas, ni siquiera se preocupó de comprobar la dudosa legalidad de esta venta.

Hubo quien compró el estacionamiento al módico precio de 12.000 euros, de los que seis mil se abonaban en un primer momento, al conocer que uno de los imputados había comprado varias para él y otras tantas había vendido a su hermano e incluso a su yerno. Plazas por las que pagaron 6.000 ó 12.000 euros, siempre en función del momento de la venta.

También hubo quien llegó a tiempo, al detenerse a los presuntos estafadores, y se libró de pagar nada menos que 27 estacionamientos que tenía apalabrados.

Sorprendió a la sala el hecho de que una de las defensas llamara a testificar al amigo de prisión de uno de los acusados en este procedimiento, al que de nada conoce, en lugar de hacerlo con el de su patrocinado como hubiera sido más lógico.

El juicio se reanuda hoy a las 10.00 horas con las conclusiones de las defensas, de las acusaciones particulares y del ministerio público, quien formula, en este último caso, una condena de seis años de cárcel para cada uno por un delito continuado de estafa.
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