
Los remitentes, dijo, argumentan en los escritos «razones de conciencia» y solicitan que sus hijos no cursen estas materias. Los padres, agregó, se amparan «en el derecho fundamental a la libertad ideológica y en su condición de titulares del derecho a decidir la formación moral para sus hijos».
En el capítulo legal, Federío reiteró que, en este momento, desconoce «la competencia de la Consejería para decidir sobre las objeciones». Por ello, informó de que «se ha solicitado a la Secretaría General Técnica indicaciones sobre el criterio a seguir». Previsiblemente, dijo, este órgano «solicitará informes a los servicios jurídicos». La decisión se tomará de acuerdo a su contenido.
«Si el informe concluye que la Consejería es competente», dijo, «presumiblemente se reconocería la objeción de conciencia». En este caso, adelantó, serían articuladas actividades alternativas a Educación para al Ciudadanía para los alumnos cuyos padres hayan decidido objetar a la materia.
Por el contrario, si el informe precisa que el departamento no tiene competencias, los padres tendrían que recurrir a la vía judicial. Federío avanzó que, en cualquier caso, «el proceso tiene que estar resuelto antes de septiembre», ya que la materia comenzará a impartirse el próximo curso.
En este punto, Federío fue tajante: «tenemos un respeto absoluto por las leyes y, por tanto, las asignaturas se impartirán». Si bien, reiteró que Educación para la Ciudadanía «tiene una marcada tendencia ideologizante». Por ello, recordó, la Consejería «ha intentado expresar sus contenidos de una forma objetiva y eliminar esa carga ideológica».





