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ADOLFO LORENTE a.lorente@diario-elcorreo.com
Jueves, 3 de abril 2008, 05:10
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El sector agrario alavés no se resigna a sufrir el canon ecológico que la Ley vasca de Aguas contempla para los usos ganaderos, agrarios o industriales de este líquido. No así los hogares, que de momento, como adelantó este periódico, quedarán exentos de este gravamen ecológico de seis céntimos de euro por cada metro cúbico consumido. Aunque el rechazo de la Unión de Agricultores y Ganaderos Alaveses (UAGA) ya era conocido, ayer lo reiteró en las Juntas Generales, donde comparecieron para denunciar la «discriminación» y «criminalización» que sufren de la administración pública.
Pese a que el canon debía entrar en vigor el pasado 1 de enero, todavía no se ha materializado, de ahí que el sindicato confíe en posibles modificaciones. Su propuesta pasa por su supresión, como recalcó uno de sus dirigentes, Iñaki Fernández de Larrea. El Gobierno vasco, sin embargo, considera que la mejor fórmula de concienciar el ahorro es castigando el bolsillo, mientras que la UAGA apuesta por la instalación de contadores y la revisión de la concesiones.
Y es que ahora, advirtió el técnico Luis Ganuza, un agricultor no dispone de la misma cantidad de agua para regar una hectárea de un mismo cultivo. La diferencia no sólo depende de la zona, sino también del momento en el que la explotación recibió el permiso pertinente. Ahora, se dan unas autorizaciones mucho más restrictivas que antaño, de ahí que el sindicato apueste por revisar e equiparar las concesiones.
Por otra parte, los representantes de la central agraria volvieron a negar las acusaciones de despilfarro que se les achaca por la escasez de contadores. «No se valora el esfuerzo que hacemos. Hay explotaciones que reutilizan el agua y otras donde se riega por la noche al ser más eficaz por existir menos evaporación», apostillaron.
Según sus propias estimaciones sacadas de datos oficiales, el agro alavés gasta unos 15 hectómetros cúbicos al año, mientras que una multinacional radicada en el territorio, por ejemplo, tiene una concesión administrativa de casi siete. En su argumentación, también miraron a Cataluña, donde existe una legislación donde sí se beneficia al sector agrícola, «como debería hacerse aquí», concluyeron.
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