
Tanto la fiscal como las cuatro acusaciones particulares -una de ellas en representación del Ayuntamiento de Logroño y otra por el Partido Socialista-, coincidieron a lo largo de sus respectivos informes en la plena implicación de los tres acusados, bien como autores o cooperadores necesarios, bien como socios. Estos letrados descartaron que el único imputado que se encuentra en prisión fuera el 'cerebro' de la operación y que los otros dos procesados, vinculados a conocidas empresas logroñesas, fueran víctimas del primero. Es más, incluso alabaron la actitud del presunto 'cerebro' por la valentía de reconocer los hechos y por prestar su colaboración con la Guardia Civil a la hora de devolver tanto el dinero procedente de la estafa, como los artículos adquiridos de forma ilícita. De hecho, cuando su letrado pidió para él la libertad condicional al llevar 21 meses en prisión, ninguno de ellos, ni tan siquiera la fiscal, se opuso a tal demanda. En el turno de palabra que le concedió el tribunal al finalizar la vista, dijo sentirse «arrepentido».
Reproches
En consecuencia con lo manifestado por los otros dos acusados a lo largo de las tres sesiones celebradas, sus respectivos letrados dirigieron ayer todos los dardos contra el procesado arrepentido, en tanto que reivindicaron la función de «comisionistas», que no socios, de sus patrocinados.
Argumentaron, por ejemplo, que no se podía medir a todos por el mismo rasero, ya que estos dos imputados habían sido víctimas propiciatorias. Además, señalaron, «fue él» -en referencia al tercero- «quien dijo que el dinero no iba a aparecer, como así ha sucedido, lo que demuestra que es un auténtico estratega y no un pobre chico como pretender presentarlo ahora».
Ambos letrados dirigieron también sus críticas a los compradores que han resultado estafados, y muy particularmente contra quienes pretendían hacerse con varias plazas. «Teniendo en cuenta que eran los estafados quienes querían aprovecharse de la situación y que fueron los primeros en contravenir las normas administrativas del Ayuntamiento de Logroño, consideramos que los hechos no son penalmente relevantes dada la pretensión especulativa de esos compradores», dijeron. Además, «igual que se les reprocha a nuestros patrocinados que no pusieran los medios necesarios para conocer que se trataba de una concesión municipal, ¿no se les podía exigir lo mismo a los estafados?», argumentaron.





