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LA RIOJA
Un informe cifra en 1.500 millones el dinero negro que circula en La Rioja
La economía sumergida regional abarca el 0,7% de España, según técnicos de Hacienda, que señalan a la construcción como principal foco

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La economía sumergida en La Rioja, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, asciende a más de 1.500 millones de euros, lo que representa el 0,7% de la bolsa de dinero negro existente en España. Así lo concluye un informe elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), que cifra en 208.000 millones la economía sumergida en España, el 23% del PIB.

Según dicho informe, cabe resaltar a modo de ejemplo, que el dato de La Rioja supera en 200 millones nada menos que al propio presupuesto de la Comunidad para 2008, cifrado en 1.298 millones de euros. Gestha señala a las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias como una de las principales bolsas de fraude en la región: actualmente, calcula que sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario abarca más de 94,4 millones de euros, alrededor del 1% del total nacional, cifrado en 8.600 millones.

Asimismo, apunta que el 49,9% de los arrendamientos localizados en La Rioja son alquileres sumergidos. En cifras: 4.250 arrendamientos sin declarar y 5,6 millones de euros anuales evadidos.

Pequeñas empresas

Por otro lado, el estudio apunta a las pequeñas empresas como otro importante foco de fraude. Esto, debido a que el 98,4% de las compañías riojanas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros (unas 638) escapan al plan de lucha contra el fraude, debido a a que sus cuentas anuales no son auditadas por diversos motivos.

A modo de «válvula de escape», los técnicos de Hacienda consideran los vehículos de lujo como una forma de dar salida al dinero negro. El informe resalta que la venta de vehículos de gama alta de más de 60.000 euros creció casi el 26,5% en La Rioja en 2007, mientras que las matriculaciones totales de turismos cayeron un 0,5%, «paradojicamente».

Gestha propone endurecer las medidas organizativas, fiscales y legislativas contra el fraude inmobiliario y el blanqueo, mediante las cuales estima que la Agencia Tributaria podría reducir el fraude en España en el 10%.
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