POLÍTICA
La Audiencia Nacional busca en Suiza dinero procedente del chantaje de ETA
Intenta aclarar si unas cuentas investigadas por blanqueo son de un presunto recaudador del 'impuesto' detenido
La Audiencia Nacional sospecha que los 4,8 millones de francos suizos (unos tres millones de euros) bloqueados desde octubre del pasado año en un banco helvético provienen del chantaje al que ETA somete a los empresarios vascos y navarros. El juez Baltasar Garzón, que desde 1998 investiga la red de extorsión terrorista y que ordenó el bloqueo de estas cuentas en Suiza, está a la espera de tener en su mesa las traducciones de las respuestas a sus comisiones rogatorias para aclarar la procedencia de ese dinero.
Según mandos de la lucha antiterrorista, esta complicada investigación económica internacional se remonta a julio de 2006. En esas fechas, la Money Laundering Reporting Office of Switzerland (MROS, oficina antiblanqueo de la policía suiza) abrió dos investigaciones paralelas sobre un posible lavado de capitales. El órgano antifraude de Berna detectó que el flujo de dinero procedía de una entidad radicada en Vaduz (Liechtenstein).
Al mismo tiempo, el principado puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la existencia en uno de sus bancos de varias transferencias realizadas por personas que supuestamente podrían estar vinculadas al entorno de ETA. Garzón incluyó esas pesquisas en el sumario 86/98 que persigue la extorsión etarra. En abril del año pasado, Liechtenstein informó, ya de manera oficial, de que el dinero que había pasado por el Principado tenía como origen una cuenta en el BNP francés y como destino Suiza. El dinero estaba gestionado, aseguraron entonces las autoridades de Vaduz, por dos fundaciones.
Una de ellas era Koipa, con sede en el Principado, al parecer relacionada con Joseba Elosua, dueño del bar 'Faisán' de Irún y presunto cabecilla de la red de extorsión a empresarios vascos. El dinero de la fundación había sido recibido en Liechtenstein por un fideicomiso abierto a través de un banco en Suiza.
Bloqueo preventivo
Ante estas evidencias, en julio de 2007, el magistrado abrió una investigación independiente (desgajada del sumario principal 86/98) sobre este dinero de origen desconocido y envió sendas comisiones rogatorias a Francia y Suiza para indagar sobre su procedencia. En octubre del año pasado, el juez tomó la decisión de pedir a la Confederación Helvética el bloqueo preventivo de los 4,8 millones de francos ante el temor de que el dinero desapareciera. Suiza decretó entonces la suspensión temporal de esas cuentas, a la espera de acusaciones formales desde España.
Garzón acaba de recibir la respuesta de las autoridades suizas a su comisión, si bien aún no ha sido traducida. Falta por llegar el escrito de Francia, origen del supuesto envío de dinero. Por el momento y hasta que no se conozca el contenido de la información remitida por los países europeos no hay pruebas tajantes de que estos capitales procedan del cobro del chantaje etarra más allá de la posible vinculación a Elosua.
El magistrado, entre tanto, mantiene vivas cuatro investigaciones paralelas sobre el 'aparato de extorsión' de ETA: envío de cartas a empresarios; la trama de cobro en el bar Faisán -propiedad de Joseba Elosua-; la red internacional de blanqueo (Suiza, Francia y Liechtenstein) y la supuesta filtración que advirtió a los extorsionadores de la persecución policial. Las pesquisas sobre la red internacional están contenidas en unas diligencias previas en las que todavía no hay ninguna persona imputada.
Según mandos de la lucha antiterrorista, esta complicada investigación económica internacional se remonta a julio de 2006. En esas fechas, la Money Laundering Reporting Office of Switzerland (MROS, oficina antiblanqueo de la policía suiza) abrió dos investigaciones paralelas sobre un posible lavado de capitales. El órgano antifraude de Berna detectó que el flujo de dinero procedía de una entidad radicada en Vaduz (Liechtenstein).
Al mismo tiempo, el principado puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la existencia en uno de sus bancos de varias transferencias realizadas por personas que supuestamente podrían estar vinculadas al entorno de ETA. Garzón incluyó esas pesquisas en el sumario 86/98 que persigue la extorsión etarra. En abril del año pasado, Liechtenstein informó, ya de manera oficial, de que el dinero que había pasado por el Principado tenía como origen una cuenta en el BNP francés y como destino Suiza. El dinero estaba gestionado, aseguraron entonces las autoridades de Vaduz, por dos fundaciones.
Una de ellas era Koipa, con sede en el Principado, al parecer relacionada con Joseba Elosua, dueño del bar 'Faisán' de Irún y presunto cabecilla de la red de extorsión a empresarios vascos. El dinero de la fundación había sido recibido en Liechtenstein por un fideicomiso abierto a través de un banco en Suiza.
Bloqueo preventivo
Ante estas evidencias, en julio de 2007, el magistrado abrió una investigación independiente (desgajada del sumario principal 86/98) sobre este dinero de origen desconocido y envió sendas comisiones rogatorias a Francia y Suiza para indagar sobre su procedencia. En octubre del año pasado, el juez tomó la decisión de pedir a la Confederación Helvética el bloqueo preventivo de los 4,8 millones de francos ante el temor de que el dinero desapareciera. Suiza decretó entonces la suspensión temporal de esas cuentas, a la espera de acusaciones formales desde España.
Garzón acaba de recibir la respuesta de las autoridades suizas a su comisión, si bien aún no ha sido traducida. Falta por llegar el escrito de Francia, origen del supuesto envío de dinero. Por el momento y hasta que no se conozca el contenido de la información remitida por los países europeos no hay pruebas tajantes de que estos capitales procedan del cobro del chantaje etarra más allá de la posible vinculación a Elosua.
El magistrado, entre tanto, mantiene vivas cuatro investigaciones paralelas sobre el 'aparato de extorsión' de ETA: envío de cartas a empresarios; la trama de cobro en el bar Faisán -propiedad de Joseba Elosua-; la red internacional de blanqueo (Suiza, Francia y Liechtenstein) y la supuesta filtración que advirtió a los extorsionadores de la persecución policial. Las pesquisas sobre la red internacional están contenidas en unas diligencias previas en las que todavía no hay ninguna persona imputada.
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