GENERAL
Autorizan a un procesado del 'caso Malaya' a viajar a un país sin acuerdo de extradición
La Audiencia de Málaga ha acordado devolver el pasaporte y ha autorizado a salir del territorio nacional a uno de los imputados en el 'caso Malaya', el empresario granadino Carlos Sánchez, que tiene negocios en la República Dominicana, país con el que no existe convenio de extradición.
Amigo personal de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística, Sánchez ingresó en prisión en julio de 2006 imputado en delitos de cohecho y malversación de caudales. Cuatro meses después quedó en libertad tras pagar una fianza de 250.000 euros. No obstante, el juez instructor del 'caso Malaya' le impuso como medidas cautelares ante el riesgo de fuga la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país sin permiso del juzgado. Aun así, Sánchez ha viajado desde entonces en tres ocasiones a la República Dominicana, siempre con autorización del juez, para atender sus intereses empresariales.
Este argumento es precisamente el que esgrime ahora la Audiencia de Málaga para levantar las medidas cautelares impuestas por el instructor. El tribunal afirma que su regreso a España tras esos tres viajes «ha de interpretarse como un indicio favorable de que el procesado no trata de eludir la acción de la justicia». Además añade que, «aun admitiendo ese riesgo de fuga siempre subsistente, no puede soslayarse el hecho objetivo de que el recurrente tiene depositada una fianza de 250.000 euros.
Amigo personal de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística, Sánchez ingresó en prisión en julio de 2006 imputado en delitos de cohecho y malversación de caudales. Cuatro meses después quedó en libertad tras pagar una fianza de 250.000 euros. No obstante, el juez instructor del 'caso Malaya' le impuso como medidas cautelares ante el riesgo de fuga la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país sin permiso del juzgado. Aun así, Sánchez ha viajado desde entonces en tres ocasiones a la República Dominicana, siempre con autorización del juez, para atender sus intereses empresariales.
Este argumento es precisamente el que esgrime ahora la Audiencia de Málaga para levantar las medidas cautelares impuestas por el instructor. El tribunal afirma que su regreso a España tras esos tres viajes «ha de interpretarse como un indicio favorable de que el procesado no trata de eludir la acción de la justicia». Además añade que, «aun admitiendo ese riesgo de fuga siempre subsistente, no puede soslayarse el hecho objetivo de que el recurrente tiene depositada una fianza de 250.000 euros.
