
La última factura de la emblemática obra fue la sorpresa del pleno municipal de ayer, en el que el propio Urquía y la popular Mar San Martín se enzarzaron en un intenso debate sobre las modificaciones presupuestarias presentadas a la sesión.
El socialista, que dejó para su última intervención el citado anuncio, aseguró, no obstante, que «vamos a trabajar» para rebajar esa cantidad «aunque nos lleven a los tribunales», ya que, según su información, esta factura se deriva de «acuerdos verbales» con concejales del anterior Gobierno municipal del Partido Popular.
El grueso del debate, sin embargo, se centró en las partidas presupuestarias que se financiarán con 13,5 millones de los 35 que quedan de remanentes de 2007. Para Urquía, esta cantidad «no supone tener la caja llena», ya que ésta se construye «con algo de lo que carecemos: patrimonio y unos ingresos corrientes sólidos».
En cuanto a las inversiones, explicó que se financiarán algunas partidas nuevas y otras ya incluidas en los Presupuestos «que se tendrían que posponer» al no haber suficientes ingresos por enajenación de suelo.
«Diez meses llorando»
Por su parte, San Martín avaló la gestión del equipo de Gobierno anterior y afirmó que la cuestión es que PSOE y PR «en diez meses lo único que han hecho ha sido llorar y gastar en caprichos», destacando la partida de «propaganda», que «se ha multiplicado por tres». Asimismo, señaló que el problema del actual Presupuesto es «que tiene mucho gasto corriente» y criticó el convenio de personal negociado recientemente con los sindicatos.
El soterramiento del ferrocarril a su paso por Logroño ocupó otra gran parte del debate. El Grupo Municipal Popular presentó una moción instando al Ayuntamiento al cumplimiento de los plazos, utilizando como base los posibles retrasos derivados del alargamiento hasta Los Lirios que «determina» un informe del 12 de marzo del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad dependiente del Ministerio de Fomento).
El socialista Domingo Dorado aseguró, sin embargo, que ésta era una lectura «torticera» del informe y tanto él como el portavoz regionalista, Ángel Varea, argumentaron que es la Comisión de Ordenación de Territorio y Urbanismo, dependiente del Gobierno de La Rioja, quien «retrasa» las obras al no aprobar la modificación del Plan General Municipal, un trámite «fundamental» para el desarrollo del soterramiento.





