POLÍTICA
Otro juez obliga a Balza a pagar el cambio de matrícula a ertzainas amenazados
La nueva sentencia recuerda que este gasto obedece a los «riesgos profesionales»
04.04.08 -
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao ha vuelto a estimar que el Departamento de Interior debe costear el pago de los cambios de matrícula a aquellos ertzainas amenazados que, por motivos de seguridad, deben cambiar las placas de su vehículo. El fallo se encuadra dentro de una campaña iniciada por el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, para exigir a Interior que haga frente a este coste ya que, según sus documentos, la propia consejería se había comprometido en un convenio firmado en 2005.
La medida se planteó después de que numerosos datos privados de ertzainas aparecieran en poder de la dirección de ETA en Francia. En una fecha más reciente, la Guardia Civil desmanteló un comando en San Sebastián que había colocado una cámara de vídeo frente a una comisaría donostiarra y había grabado a los ertzainas mientras se acercaban al centro a pie o en sus vehículos privados.
La polémica sobre el pago de las matrículas a los agentes amenazados se inició en 2006, cuando Interior se negó a costear la compra de nuevas matrículas para los ertzainas y anunció que únicamente asumiría el coste de la tramitación legal de un cambio de ese tipo. Esta gestión, sin embargo, se realiza de forma gratuita en la misma dirección de Tráfico.
«Lo más justo»
A finales del año pasado una sentencia ya reconoció que el coste debía correr a cabo del departamento dirigido por Javier Balza, puesto que así se había comprometido en un convenio. En el nuevo fallo judicial, los jueces tienen en cuenta ese argumento pero añaden una cuestión nueva. Según el texto, los agentes amenazados asumen unos gastos «en razón de los riesgos que corren por su labor profesional, por sus funciones como policía al servicio de la administración vasca». «Lo más justo», añade el magistrado, es que sea esta administración la que corra con sus gastos».
La medida se planteó después de que numerosos datos privados de ertzainas aparecieran en poder de la dirección de ETA en Francia. En una fecha más reciente, la Guardia Civil desmanteló un comando en San Sebastián que había colocado una cámara de vídeo frente a una comisaría donostiarra y había grabado a los ertzainas mientras se acercaban al centro a pie o en sus vehículos privados.
La polémica sobre el pago de las matrículas a los agentes amenazados se inició en 2006, cuando Interior se negó a costear la compra de nuevas matrículas para los ertzainas y anunció que únicamente asumiría el coste de la tramitación legal de un cambio de ese tipo. Esta gestión, sin embargo, se realiza de forma gratuita en la misma dirección de Tráfico.
«Lo más justo»
A finales del año pasado una sentencia ya reconoció que el coste debía correr a cabo del departamento dirigido por Javier Balza, puesto que así se había comprometido en un convenio. En el nuevo fallo judicial, los jueces tienen en cuenta ese argumento pero añaden una cuestión nueva. Según el texto, los agentes amenazados asumen unos gastos «en razón de los riesgos que corren por su labor profesional, por sus funciones como policía al servicio de la administración vasca». «Lo más justo», añade el magistrado, es que sea esta administración la que corra con sus gastos».
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