ÁLAVA
Las arcas forales han dejado de ingresar 1,3 millones desde enero
El plan financiero preveía que la entrada en servicio de la autopista reportaría a la Diputación en torno a 460.000 euros al mes
06.04.08 -
MARÍN. Viaducto de medio kilómetro de longitud situado a la salida de Arlabán.
La financiación de la Vitoria-Eibar se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los gestores de la Diputación y, por ende, de la sociedad foral que gestiona la construcción y gestión de la AP-1, Vías de Álava S.A. Y es que, a los casi 26 millones de euros de sobrecostes que el Gabinete Agirre achaca al anterior Ejecutivo liderado por Ramón Rabanera (PP) -desmentidos por los populares- se suman las cantidades que las arcas forales dejan de percibir por no estar la autopista en servicio. En concreto, desde el pasado enero, algo más de 1,3 millones.
Según la planificación financiera de la infraestructura, la Diputación, una vez abierta la AP-1, preveía ingresar 460.000 euros mensuales por conceptos como el cobro del peaje -para un turismo normal rondará lo 5 euros para el trayecto entero-, o la construcción de dos áreas de servicio e incluso de un hotel, todo estas instalaciones en el tramo Echávarri Viña-Luko.
Pero además de dejar de ingresar, la Diputación tiene que hacer frente al pago de un préstamo de 90,5 millones de euros suscrito el 22 de diciembre de 2004 con doce entidades de crédito lideradas por la Caja Vital, a través de una por entonces novedosa operación en los mercados financieros españoles denominada 'Project Finance'. Este préstamo, al que la Diputación ya ha comenzado a hacer frente, tiene un plazo de amortización de 28 años.
Visto el desarrollo de las obras en Guipúzcoa, el Gabinete Agirre se encuentra en plena vorágine negociadora con estas entidades para renegociar las condiciones del préstamo. El Departamento de Hacienda, además, ha solicitado otro crédito de 12 millones para afrontar unos pagos que deben hacerse este año y que están relacionados con ese sobrecoste al que se refiere el PNV. Fuentes forales señalaron a este respecto que las negociaciones están «muy avanzadas» y que esperan llegar a un acuerdo «en breve».
Otra de las incógnitas es saber si finalmente, la Diputación logrará que Guipúzcoa le compense de forma económica por el retraso que está acumulando la infraestructura y que está repercutiendo en las arcas alavesas. De momento, el gabinete del jeltzale Agirre ya ha colocado el espinoso asunto sobre la mesa de la comisión técnica de seguimiento de la AP-1 que reúne a los dos territorios.
Fuentes forales señalaron, no obstante, que la decisión se adoptará cuando la autopista esté abierta, ya que la fórmula podría estar basada en la recaudación del peaje. Sin embargo, al menos en el aspecto legal, Álava tiene todas las de perder ya que el convenio suscrito en su día no contempla cláusulas de estas características, pese a que el entonces equipo de gobierno del PP insistió en que se incorporasen, algo a lo que se negó la Diputación guipuzcoana.
Según la planificación financiera de la infraestructura, la Diputación, una vez abierta la AP-1, preveía ingresar 460.000 euros mensuales por conceptos como el cobro del peaje -para un turismo normal rondará lo 5 euros para el trayecto entero-, o la construcción de dos áreas de servicio e incluso de un hotel, todo estas instalaciones en el tramo Echávarri Viña-Luko.
Pero además de dejar de ingresar, la Diputación tiene que hacer frente al pago de un préstamo de 90,5 millones de euros suscrito el 22 de diciembre de 2004 con doce entidades de crédito lideradas por la Caja Vital, a través de una por entonces novedosa operación en los mercados financieros españoles denominada 'Project Finance'. Este préstamo, al que la Diputación ya ha comenzado a hacer frente, tiene un plazo de amortización de 28 años.
Visto el desarrollo de las obras en Guipúzcoa, el Gabinete Agirre se encuentra en plena vorágine negociadora con estas entidades para renegociar las condiciones del préstamo. El Departamento de Hacienda, además, ha solicitado otro crédito de 12 millones para afrontar unos pagos que deben hacerse este año y que están relacionados con ese sobrecoste al que se refiere el PNV. Fuentes forales señalaron a este respecto que las negociaciones están «muy avanzadas» y que esperan llegar a un acuerdo «en breve».
Otra de las incógnitas es saber si finalmente, la Diputación logrará que Guipúzcoa le compense de forma económica por el retraso que está acumulando la infraestructura y que está repercutiendo en las arcas alavesas. De momento, el gabinete del jeltzale Agirre ya ha colocado el espinoso asunto sobre la mesa de la comisión técnica de seguimiento de la AP-1 que reúne a los dos territorios.
Fuentes forales señalaron, no obstante, que la decisión se adoptará cuando la autopista esté abierta, ya que la fórmula podría estar basada en la recaudación del peaje. Sin embargo, al menos en el aspecto legal, Álava tiene todas las de perder ya que el convenio suscrito en su día no contempla cláusulas de estas características, pese a que el entonces equipo de gobierno del PP insistió en que se incorporasen, algo a lo que se negó la Diputación guipuzcoana.
