GUIPÚZCOA
Un vecindario incómodo
Residentes en Altzola asisten impotentes a los riesgos y molestias que suponen la ocupación de dos edificios del barrio por varios grupos de rumanos
06.04.08 -
ABANDONO. Aspecto que presenta el interior de uno de los palacios ocupados por rumanos en Alzola. / JULIO CALLEJA
LOS DATOS
LOS DATOS
Impotencia sería el adjetivo que mejor calificaría la sensación que tienen los vecinos del barrio elgoibarrés de Altzola ante la ocupación de dos edificios del barrio por varios grupos de rumanos desde el verano de 2007. A la sorpresa inicial que supuso el trajín de entradas y salidas de las dos casas ubicadas junto a la N-634 después de años de abandono, ha seguido la preocupación, el temor e incluso el miedo de unos vecinos que han visto cómo la situación se ha ido deteriorando «ante la pasividad palmaria de las autoridades que no se han movido hasta el derrumbe de parte de uno de los edificios a principios de marzo, a pesar de las constantes denuncias y quejas», mantienen desde la asociación de vecinos Zubibai.
Todo empezó en junio de 2007 cuando varios grupos de ciudadanos rumanos entraron en la casas Aurretxe y 'Sebastiana', ambas abandonadas desde hace años. De la sorpresa se pasó a la preocupación, motivada por la actuación de los 'okupas'. «Yo puedo entender incluso la ocupación de un edificio abandonado si las personas que lo hacen tienen una intención de adecentarlo, cuidarlo y utilizarlo para vivir. Puede incluso considerarse una alternativa, pero este no es el caso», comenta una vecina del barrio. «Al principio pescaban desde el puente, venían a por agua a la fuente y se podía pensar que la situación podría ser llevadera. Luego hemos comprobado que no. Las cosas cambiaron rápidamente y a las pocas semanas comenzaron las actitudes hostiles y alejadas del todo de las mínimas normas que todos tenemos que cumplir para convivir en una comunidad. No sabemos si es por su cultura o porque sencillamente les da todo igual pero hay cosas que no se pueden admitir. Hacen sus necesidades junto a los edificios, tiran la basura desde las misma ventanas y balcones o lo hacen al río directamente, aunque tienen los contenedores a pocos metros. Ya hasta pensamos que son actitudes de pura provocación», se quejan los vecinos.
Edificios privados
«Hay otros hechos que no podemos demostrar pero que han coincidido con la llegada de los 'okupas' como una serie de robos (combustible de dos camiones, calderas y diferente material de construcción de una obra, dos viviendas, una moto) y otras que sí están relacionados como agresiones, intimidaciones (continuas amenazas a los vecinos y a los propietarios de un restaurante). De hecho, la Policía Municipal de Elgoibar tiene registradas como 20 actuaciones a las que habría que sumar las realizadas por la Ertzaintza»
Varios factores parecen haber confluido para que el panorama se complique y la solución no se presente como sencilla. De un lado, los edificios son privados con lo que la primera actuación para su desalojo debería partir de los propietarios, que son varios herederos de los primeros propietarios, y que viven en Donostia y Bilbao. Otro elemento en contra ha sido el constante cambio de moradores, lo que dificulta a las autoridades su identificación y control.
Los vecinos, por su parte, han intentado buscar una salida desde el primer momento. «Conseguimos contactar con los dueños a finales del año pasado y, al conocer la situación, interpusieron las correspondientes denuncias, unos en septiembre y otros en diciembre. Por nuestra parte, al margen de las quejas como vecinos, solicitamos una reunión con la juez de Eibar para explicarle la situación, una reunión que no se ha producido todavía. Más recientemente, el 25 de marzo, y después del derrumbe de principios de mes, pusimos una denuncia ante ese mismo juzgado ante el riesgo de derrumbe y peligro para la salud pública dadas las condiciones higiénicas que se están produciendo tanto en las casas como en los alrededores», explican desde Zubibai.
Fue precisamente el derrumbe que se produjo el 8 de marzo, en la víspera de las elecciones generales, de una de las paredes de la galería de la casa Aurretxe que da a la estación de ferrocarril el hecho que produjo una inflexión en este asunto y 'obligó' a implicarse a las autoridades ante los derroteros por los que la ocupación podría derivar. A los pocos días, desde la alcaldía de Elgoibar se «pedía el inmediato desalojo de los edificios». El Ayuntamiento poco más podía hacer pues la ley limita sus posibilidades de actuar. El siguiente paso, en línea con lo hecho por los vecinos, ha sido la interposición de una denuncia ante un juzgado de San Sebastián ante los riesgos que supone habitar unos edificios que no cumplen las más mínimas condiciones de seguridad. Esta denuncia incluye una petición para que se tapien los accesos a las casa para evitar que, una vez conseguido el desalojo, se produzca una nueva ocupación como ha ocurrido en Martutene.
En esta batería de iniciativas, mañana, lunes, está previsto que un equipo del Ayuntamiento se desplace a Altzola para proceder a la limpieza del entorno de los edificios ocupados atendiendo al requerimiento de los vecinos más próximos a las dos casas, que asisten impotentes «a una situación que cada vez se complica más. El olor, a poco que haga calor, se hace insoportable y tememos lo que pueda ocurrir cuando llegue el verano si esto no se remedia», se queja una vecina. Esta intervención de los servicios de limpieza municipales tendrán que limitarse al exterior de los edificios «porque esta situación es ya tan surrealista que, según han comentado desde el Ayuntamiento, para poder entrar a las casas a limpiar tendrían que pedir permiso a los 'okupas'», asumen los vecinos, «porque parece que la ley está así aunque resulte difícil de entender».
Situación rocambolesca
A los vecinos tampoco les resulta fácil de entender el «doble rasero de las autoridades ante lo que está ocurriendo aquí. El mensaje que se está trasmitiendo es que lo que hay que hacer es ocupar una casa para poder hacer lo que te de la gana sin temor a que te pase nada. Los ejemplos son muchos. Hemos visto varias bombonas de butano en el interior del edificio. ¿Tienen los okupas los pertinentes contratos para ello? ¿Han pasado las instalaciones de gas de las casas los controles que se exige a cualquier otra persona para poner en marcha una cocina?. También hemos visto trasiego de combustible en varios bidones y tenemos constancia de que la Ertzaintza también lo ha visto. ¿Cualquier persona puede tener 300 litros de gasóleo en su casa? En las casas hay varios niños y no creemos que estén escolarizados o vivan con las mínimas condiciones de higiene o salud. ¿Dónde están los servicios sociales o educativas?, se preguntan los vecinos que esperan «que esta situación rocambolesca acabe cuanto antes por el bien de todos».
Todo empezó en junio de 2007 cuando varios grupos de ciudadanos rumanos entraron en la casas Aurretxe y 'Sebastiana', ambas abandonadas desde hace años. De la sorpresa se pasó a la preocupación, motivada por la actuación de los 'okupas'. «Yo puedo entender incluso la ocupación de un edificio abandonado si las personas que lo hacen tienen una intención de adecentarlo, cuidarlo y utilizarlo para vivir. Puede incluso considerarse una alternativa, pero este no es el caso», comenta una vecina del barrio. «Al principio pescaban desde el puente, venían a por agua a la fuente y se podía pensar que la situación podría ser llevadera. Luego hemos comprobado que no. Las cosas cambiaron rápidamente y a las pocas semanas comenzaron las actitudes hostiles y alejadas del todo de las mínimas normas que todos tenemos que cumplir para convivir en una comunidad. No sabemos si es por su cultura o porque sencillamente les da todo igual pero hay cosas que no se pueden admitir. Hacen sus necesidades junto a los edificios, tiran la basura desde las misma ventanas y balcones o lo hacen al río directamente, aunque tienen los contenedores a pocos metros. Ya hasta pensamos que son actitudes de pura provocación», se quejan los vecinos.
Edificios privados
«Hay otros hechos que no podemos demostrar pero que han coincidido con la llegada de los 'okupas' como una serie de robos (combustible de dos camiones, calderas y diferente material de construcción de una obra, dos viviendas, una moto) y otras que sí están relacionados como agresiones, intimidaciones (continuas amenazas a los vecinos y a los propietarios de un restaurante). De hecho, la Policía Municipal de Elgoibar tiene registradas como 20 actuaciones a las que habría que sumar las realizadas por la Ertzaintza»
Varios factores parecen haber confluido para que el panorama se complique y la solución no se presente como sencilla. De un lado, los edificios son privados con lo que la primera actuación para su desalojo debería partir de los propietarios, que son varios herederos de los primeros propietarios, y que viven en Donostia y Bilbao. Otro elemento en contra ha sido el constante cambio de moradores, lo que dificulta a las autoridades su identificación y control.
Los vecinos, por su parte, han intentado buscar una salida desde el primer momento. «Conseguimos contactar con los dueños a finales del año pasado y, al conocer la situación, interpusieron las correspondientes denuncias, unos en septiembre y otros en diciembre. Por nuestra parte, al margen de las quejas como vecinos, solicitamos una reunión con la juez de Eibar para explicarle la situación, una reunión que no se ha producido todavía. Más recientemente, el 25 de marzo, y después del derrumbe de principios de mes, pusimos una denuncia ante ese mismo juzgado ante el riesgo de derrumbe y peligro para la salud pública dadas las condiciones higiénicas que se están produciendo tanto en las casas como en los alrededores», explican desde Zubibai.
Fue precisamente el derrumbe que se produjo el 8 de marzo, en la víspera de las elecciones generales, de una de las paredes de la galería de la casa Aurretxe que da a la estación de ferrocarril el hecho que produjo una inflexión en este asunto y 'obligó' a implicarse a las autoridades ante los derroteros por los que la ocupación podría derivar. A los pocos días, desde la alcaldía de Elgoibar se «pedía el inmediato desalojo de los edificios». El Ayuntamiento poco más podía hacer pues la ley limita sus posibilidades de actuar. El siguiente paso, en línea con lo hecho por los vecinos, ha sido la interposición de una denuncia ante un juzgado de San Sebastián ante los riesgos que supone habitar unos edificios que no cumplen las más mínimas condiciones de seguridad. Esta denuncia incluye una petición para que se tapien los accesos a las casa para evitar que, una vez conseguido el desalojo, se produzca una nueva ocupación como ha ocurrido en Martutene.
En esta batería de iniciativas, mañana, lunes, está previsto que un equipo del Ayuntamiento se desplace a Altzola para proceder a la limpieza del entorno de los edificios ocupados atendiendo al requerimiento de los vecinos más próximos a las dos casas, que asisten impotentes «a una situación que cada vez se complica más. El olor, a poco que haga calor, se hace insoportable y tememos lo que pueda ocurrir cuando llegue el verano si esto no se remedia», se queja una vecina. Esta intervención de los servicios de limpieza municipales tendrán que limitarse al exterior de los edificios «porque esta situación es ya tan surrealista que, según han comentado desde el Ayuntamiento, para poder entrar a las casas a limpiar tendrían que pedir permiso a los 'okupas'», asumen los vecinos, «porque parece que la ley está así aunque resulte difícil de entender».
Situación rocambolesca
A los vecinos tampoco les resulta fácil de entender el «doble rasero de las autoridades ante lo que está ocurriendo aquí. El mensaje que se está trasmitiendo es que lo que hay que hacer es ocupar una casa para poder hacer lo que te de la gana sin temor a que te pase nada. Los ejemplos son muchos. Hemos visto varias bombonas de butano en el interior del edificio. ¿Tienen los okupas los pertinentes contratos para ello? ¿Han pasado las instalaciones de gas de las casas los controles que se exige a cualquier otra persona para poner en marcha una cocina?. También hemos visto trasiego de combustible en varios bidones y tenemos constancia de que la Ertzaintza también lo ha visto. ¿Cualquier persona puede tener 300 litros de gasóleo en su casa? En las casas hay varios niños y no creemos que estén escolarizados o vivan con las mínimas condiciones de higiene o salud. ¿Dónde están los servicios sociales o educativas?, se preguntan los vecinos que esperan «que esta situación rocambolesca acabe cuanto antes por el bien de todos».
