MARGEN IZQUIERDA
El Plan General condena al derribo a cuatro casas obreras protegidas en Portugalete
El Colegio de Arquitectos exige un régimen de conservación especial para este patrimonio de la arquitectura industrial
06.04.08 -
VALOR HISTÓRICO. Una mujer observa las hileras de edificios de El Progreso. / JORDI ALEMANY
LAS 'CASAS BARATAS'
Una ciudad es una entidad viva que no para de crecer, pero que siempre guarda retazos de su historia. Portugalete posee uno de los cascos antiguos mejor conservados de Vizcaya, con edificaciones de más de cinco siglos de solera, aunque el Ayuntamiento parece olvidarse de otras construcciones más recientes, aunque figuren en el catálogo arquitectónico municipal como elementos singulares a preservar. Así lo ha denunciado la comunidad de propietarios del Grupo El Progreso tras descubrir que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) deja fuera de ordenación cuatro viviendas unifamiliares.
Esta calificación, en la práctica, las condena a un futuro derribo. Por eso los residentes han presentado dos alegaciones a la revisión del planeamiento aduciendo sendos argumentos «de peso». El principal es un informe del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. «Aboga por proteger y realzar estas casas jardín», subraya Silvia Ayestarán, portavoz de la comisión de seguimiento creada por los 66 propietarios para defender el barrio.
El organismo colegiado sostiene que el valor «urbano, cultural e histórico» de las viviendas obreras como patrimonio industrial está «fuera de duda». Es más, sus redactores urgen al Consistorio a sellar esta protección a través de un Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior (PERRI), «que englobe este barrio y los de Villanueva y Babcock & Wilcox».
El otro apoyo a los residentes procede de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Su dirección ha incluido estas viviendas dentro del informe de bienes de carácter industrial susceptibles de protección que le encargó el Gobierno vasco.
Paisaje urbano
Ayestarán critica, además, que no se justifiquen los fuera de ordenación. «El Colegio de Arquitectos apunta a una previsión de ampliar la calle Ramón y Cajal, pero no tiene sentido porque las casas afectadas no son las de la esquina, que sí podrían crear un cuello de botella», explica. En su opinión, el PGOU incurre en «agravios comparativos en la protección jurídica otorgada al patrimonio arquitectónico, civil o religioso frente al industrial». A su juicio, el casco histórico tiene un plan especial que se respeta «porque su promoción repercute en el sector turístico, pero no es menos cierto que estos barrios obreros enriquecen el paisaje urbano».
El arquitecto municipal, sin embargo, asegura que la protección de las cuatro viviendas afectadas no es tal, «porque ya estaban fuera de ordenación en el plan anterior, que data de 1991». Además, puntualiza que la actual revisión reduce su número «a la mitad». En cualquier caso, subraya que su eliminación no es «caprichosa, ya que están puestas al revés y son los patios los que dan a la acera principal».
Esta calificación, en la práctica, las condena a un futuro derribo. Por eso los residentes han presentado dos alegaciones a la revisión del planeamiento aduciendo sendos argumentos «de peso». El principal es un informe del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. «Aboga por proteger y realzar estas casas jardín», subraya Silvia Ayestarán, portavoz de la comisión de seguimiento creada por los 66 propietarios para defender el barrio.
El organismo colegiado sostiene que el valor «urbano, cultural e histórico» de las viviendas obreras como patrimonio industrial está «fuera de duda». Es más, sus redactores urgen al Consistorio a sellar esta protección a través de un Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior (PERRI), «que englobe este barrio y los de Villanueva y Babcock & Wilcox».
El otro apoyo a los residentes procede de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Su dirección ha incluido estas viviendas dentro del informe de bienes de carácter industrial susceptibles de protección que le encargó el Gobierno vasco.
Paisaje urbano
Ayestarán critica, además, que no se justifiquen los fuera de ordenación. «El Colegio de Arquitectos apunta a una previsión de ampliar la calle Ramón y Cajal, pero no tiene sentido porque las casas afectadas no son las de la esquina, que sí podrían crear un cuello de botella», explica. En su opinión, el PGOU incurre en «agravios comparativos en la protección jurídica otorgada al patrimonio arquitectónico, civil o religioso frente al industrial». A su juicio, el casco histórico tiene un plan especial que se respeta «porque su promoción repercute en el sector turístico, pero no es menos cierto que estos barrios obreros enriquecen el paisaje urbano».
El arquitecto municipal, sin embargo, asegura que la protección de las cuatro viviendas afectadas no es tal, «porque ya estaban fuera de ordenación en el plan anterior, que data de 1991». Además, puntualiza que la actual revisión reduce su número «a la mitad». En cualquier caso, subraya que su eliminación no es «caprichosa, ya que están puestas al revés y son los patios los que dan a la acera principal».
