El Correo Digital

La espera ha sido larga, pero la fundación Trocóniz confía en recuperar pronto el dinero que le robaron hace ya más de diez años. La Audiencia Provincial iniciará el 15 de abril el juicio por un presunto desfalco de más de 480.000 euros a esta entidad de carácter altruista por parte del que era entonces su gestor y la firma de inversiones que éste poseía junto a otros dos empresarios. Los tribunales han tardado tanto tiempo en finalizar la investigación debido a problemas competenciales entre juzgados y a la complejidad para obtener las pruebas periciales necesarias para formalizar la acusación de un delito de apropiación indebida. Los dos acusados que se sentarán ante el juez se enfrentan a condenas que oscilan entre los cuatro y los seis años de cárcel.

Filomena Trocóniz era una profesora portugaluja que amasó una gran fortuna gracias a sus inversiones en Bolsa. Al fallecer sin descendencia en 1986, donó 140 millones de las antiguas pesetas, más de 841.000 euros, al Consistorio. Sólo puso dos condiciones. Con este dinero debía crearse una fundación sin ánimo de lucro para impulsar la educación de los jóvenes jarrilleros que, además, fuese gestionada por su albacea, Ernesto Valle.

Para constituir la entidad se formó un patronato que integraban el alcalde de Portugalete, el párroco local y el propio Valle. Funcionó con aparente normalidad hasta que Mikel Cabieces cogió las riendas del Ayuntamiento en 1995. Al incorporarse a la junta rectora, el mandatario local puso de manifiesto sus primeras sospechas ante una posible gestión irregular y, tras un año de espera sin recibir las cuentas, solicitó una auditoría. El estudio, finalizado en marzo de 1997, reveló que faltaban más de 600.000 euros del capital inicial.

«Mayor rentabilidad»

Según alegó el propio albacea de la difunta, esa cantidad había sido ingresada en la empresa de la que él era accionista con el fin de «obtener mayor rentabilidad». El problema es que sólo reintegró una pequeña parte. Dejó a deber más de 480.000 euros, lo que derivó en la denuncia que ahora va a ser litigada. Valle fue obligado a dimitir del cargo y su lugar lo ocupa desde entonces el edil de Educación.

Durante casi cinco años, el caso apenas avanzó al no concretarse el juzgado que debía realizar las investigaciones. El de la fundación jarrillera no era el único desfalco que había cometido la compañía inversora, sino que hay 24 afectados que reclaman de 1,2 millones.

La Audiencia Provincial determinó que era el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao el que debía asumir las diligencias previas. Este trabajo también fue complicado, ya que hubo que realizar dos auditorías y rastrear las operaciones bancarias de la empresa.

La investigación revela que esta firma se dedicaba a captar clientes a los que ofrecía grandes intereses. Ese dinero se destinaba a inversiones que se diversificaban desde la Bolsa a promociones inmobiliarias. Varias operaciones ruinosas habrían creado un agujero contable que sus tres titulares, uno de ellos fallecido el año pasado, intentaron tapar con el capital de los estafados hasta que la situación se hizo insostenible.

Valle se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida, lo mismo que el segundo acusado al que, además, podrían caerle otros dos años por un presunto delito de insolvencia punible y una multa cercana a los 10.000 euros. La acusación sostiene que descapitalizó la empresa y transfirió sus bienes a familiares para eludir el pago de las deudas.