
RELACIONES
Aclaró que la materia «tal y como está programada condiciona y limita el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de los hijos». Rouco Varela hizo estas declaraciones tras pronunciar la conferencia titulada 'Iglesia y Estado. La perspectiva del Concilio Vaticano' en el salón de actos de la Fundación Cultural Recreativa Cantabria. El acto, organizado por el Foro por el Humanismo Cristiano, contó con la presencia de unas trescientas personas.
Preguntado por las relaciones entre la Iglesia y el Estado español, explicó que las bases jurídicas son buenas y, en este momento, nadie las ha cuestionado. En consecuencia, dijo, «podemos avanzar en la resolución de los problemas más concretos que tenemos por delante».
En su opinión, la relación entre ambos debe ser siempre «pactada, dialogada, desarrollada dentro del marco del derecho internacional, teniendo como base el respeto al derecho a la libertad religiosa». En esta línea, Rouco explicó durante su intervención que la base de estas relaciones parte del derecho a la libertad religiosa «como derecho individual y social, que va más allá de lo meramente doctrinal y tiene que ver con la moral personal y social».
Concilio Vaticano II
El cardenal explicó que, sobre la base del derecho a la libertad religiosa, el Concilio Vaticano II establece los criterios «para conocer y resolver bien desde el punto de vista filosófico y teológico las relaciones entre la Iglesia y el Estado». En concreto, plantea como fundamento la siguiente directriz: «las comunidades política y religiosa son realidades autónomas, pero ambas tienen el deber de configurarse en función de un bien que afecta a la persona bajo perspectivas diferentes».
En este sentido, dijo, «pensar que la Iglesia a la hora de relacionarse con la realidad civil sólo tiene competencia en el templo no estaría de acuerdo con el Concilio Vaticano II y tampoco con la doctrina del derecho a la libertad religiosa». Rouco Varela apuntó, de acuerdo a las conclusiones conciliares, que la Iglesia «demanda libertad para ejercer su misión privada y públicamente» y también «para poder intervenir desde una perspectiva moral cuando estén en juego los derechos fundamentales de la personas».
Con estos criterios, dijo, «se podrían resolver bien los problemas concretos que pueda haber en las relaciones entre Iglesia y Estado en todos los países de Europa y también en España». En esta línea, apuntó que estas relaciones «han implicado dificultades o, al menos, una cierta vibración histórica en todas las épocas y en todos los países».





