
Los magistrados no han admitido el recurso por entender que la defensa de Otegi no justifica su afirmación -contenida en las alegaciones- de que las resoluciones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en esta causa vulneran los derechos a un juicio justo, a la tutela judicial efectiva, a la proposición y práctica de pruebas, a la participación política, a la libre expresión de ideas y el principio de legalidad.
El antiguo dirigente de la izquierda abertzale fue condenado por encabezar, en la localidad vizcaína de Arrigorriaga en 2003, un homenaje al ex jefe militar de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, 'Argala', asesinado en 1979 por grupos parapoliciales. La Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión el 8 de junio de 2007, dos días después de que la banda terrorista rompiese el alto el fuego indefinido y sólo unos minutos después de que el Supremo declarase firme la sentencia contra Arnaldo Otegi.
El tribunal no dudo en decretar su encarcelamiento, pese a tratarse de una condena inferior a dos años de prisión, porque sobre el ex portavoz de Batasuna ya pesaba una condena previa firme por injuriar al Rey al llamarle «jefe de los torturadores». Tiene además otras cuatro causas abiertas en la Audiencia Nacional en las que está procesado o imputado por delitos de terrorismo, desobediencia al Supremo y reunión ilegal.
De hecho, la excarcelación de Otegi el 7 de septiembre próximo, una vez cumplida la pena, va a depender de que en los próximos meses se celebre alguno de estos juicios. De ellos, varios están pendientes sólo de la fijación de la fecha, o de que los jueces o tribunales que tramitan las causas puedan decretar antes su ingreso en prisión provisional a petición de las partes.
Sumario de Garzón
El expediente más grave al que se enfrenta el dirigente de la izquierda abertzale es el conocido como 'sumario Batasuna', recientemente concluido por Baltasar Garzón, que lo ha remitido a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento en los próximos meses. Otegi está procesado, junto a otros 39 miembros de las distintas direcciones del partido ilegalizado, como dirigente de ETA, delito castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.
El ex portavoz está también acusado de enaltecimiento de ETA por su participación en homenajes a etarras fallecidos -Arkaitz Otazua y José María Sagarduy- en 2003 y 2005, y de desobediencia al Supremo y reunión ilegal por su participación en un mitin de Batasuna celebrado en 2004 en el velódromo donostiarra de Anoeta, el primer acto público realizado tras la ilegalización del partido en 2003.
La AVT se felicitó ayer de la decisión del Constitucional y defendió que este tipo de medidas son «un estímulo para seguir trabajando contra el brazo social y político de la banda asesina». Según la asociación de víctimas, este tipo de decisiones «dejan claro cuál es el destino de quienes enaltecen el terrorismo de cualquier forma».







