La primera central vasca justifica su decisión de indemnizar a las empresas perjudicadas al explicar que «ha defendido, amparado y protegido a sus militantes». Para ello, continúa, «ha prestado la cobertura económica necesaria a las dos personas acusadas con el fin de evitar cualquier riesgo de prisión que se pudiera derivar para ellos».
Asegura, además, que «se mantienen vigentes en su totalidad «los motivos que dieron origen a la decisión de su central de abandonar el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL), que fue «consecuencia de las acciones de criminalización selectiva que puso en marcha la patronal Cebek contra militantes de ELA y contra el propio sindicato». Un hecho que, en su opinión, supone la «ruptura de reglas de juego en la negociación colectiva».
La organización que dirige José Elorrieta recuerda al respecto que el origen de este contencioso se sitúa en la huelga del sector de hormigones y canteras de Vizcaya de 2002, que fue consecuencia -precisa- de haber aceptado la patronal la firma de un convenio colectivo sectorial con la minoría sindical. También especifica que se quiso declarar a ELA «responsable civil subsidiario de los supuestos daños causados durante el conflicto».







