
«Lo que ha hecho el obispo ha sido impedir a Ángeles lo que la ley no le prohíbe y, en consecuencia, estaríamos ante una conducta delictiva», declaró ayer su abogado, José Luis López de Sancho, para quien «ha habido supuestos asimilables a éste en los últimos meses en Canarias y Granada que han acabado con sentencias condenatorias». «No queremos el mal para nadie, sino que queden protegidos y reconocidos los derechos constitucionales de Ángeles», añadió el letrado, quien subrayó que «no existe fundamento para esa orden de expulsión porque lo único que ha hecho ella ha sido ejercitar un derecho que le reconocen las leyes, como es contraer matrimonio con una persona del mismo sexo».
Aunque Rey, peluquera de profesión, ha intentado reconducir este conflicto por vía interna en la propia hermandad, todo ha sido en vano. Por ello, según su abogado, no le ha quedado otra opción que denunciar al obispo. En el caso de que la Justicia le diera la razón, Algora podría enfrentarse a una pena de prisión de seis meses a tres años o a una sanción económica.







